Un agente infiltrado «de un tercer país» evitó atentados islamistas en la red de Metro de Barcelona y en otros transportes públicos de ciudades sin determinar de Francia y Alemania similares a los del 11M de 2004 en los trenes de Madrid. Así se lo desveló el fiscal especializado en terrorismo de la Audiencia Nacional, Vicente González Mota, a altos cargos de la embajada de EE UU en enero de 2010, confidencia que ha quedado registrada en los cables de la diplomacia estadounidense filtrados por Wikileaks.
Los tres terroristas que se iban a inmolar en el Metro de la Ciudad Condal fueron detenidos en la ‘operación Cantata’, un caso al que prestó gran interés la embajada, como demuestran los diversos cables que hacen referencia a ella entre los años 2008 y 2010.
Los jueces eran conscientes de que no estaban ante un arrepentido sino ante un agente encubierto. La operación tuvo una gran repercusión en la prensa española. Nueve pakistaníes y un indio fueron detenidos acusados de planear atentados suicidas en Barcelona. Según la versión oficial, los arrestos se llevaron a cabo porque uno de los terroristas de la célula se arrepintió y traicionó a sus compañeros llamando a la Policía.
Este arrepentido, que apareció en el juicio como el testigo protegido F1, declaró que era miembro de Al Qaeda desde 2005 y que viajó desde París a Barcelona bajo las órdenes de la célula. También señaló que había pasado un año y medio en campos de entrenamiento en Pakistán, donde recibió formación con armas y explosivos y un "lavado de cerebro".
No era del todo verdad. La embajada reconoce que "comentarios privados de González Mota" les revelaron que los jueces eran conscientes de que no estaban ante un arrepentido sino ante un agente encubierto que ayudó a desarticular a la célula terrorista, aunque no desveló para qué país trabajaba este topo.
Un grupo pakistaní
González Mota habló de la operación y del juicio con la delegación estadounidense en enero de 2010. Un mes antes, en diciembre de 2009, los once detenidos (los diez de Barcelona y un undécimo en Holanda en agosto de 2008), habían sido condenados a penas que oscilaban entre los 8 y los 12 años.
El fiscal se quejó de que no recibió ayuda por parte de Pakistán, país al que "España terminó dando más de lo que recibió"El fiscal calificó el juicio de "muy satisfactorio" y "justo" y aclaró que no habían tratado de acusar a Baitullah Mehsud, el entonces líder de Tehrik e Taliban Pakistán (TTP), un grupo terrorista paquistaní con vínculos a Al Qaeda que se adjudicó la responsabilidad del grupo, debido a que hacerlo "habría hecho el caso más difícil y la prioridad era condenar a los 11 acusados en España". González Mota también reveló que recibieron cooperación de Alemania, Holanda e Italia, donde la célula tenía lazos, pero se quejó de que no la recibió por parte de Pakistán, país al que "España terminó dando más de lo que recibió".
Los diversos cables revelan que la embajada recibió información pocos días después de las detenciones. El número dos de la delegación ya sabía por el informe inicial del juez Ismael Moreno (que instruía el caso) que el grupo había elegido a tres de sus miembros (Imram Cheema, Mohamed Shoaib y Mehmooh Khalib), todos pakistaníes, para llevar a cabo los ataques suicidas en el fin de semana del 18 al 20 de enero.
El día 24 de enero el Fiscal General Conde-Pumpido señaló que había otros tres suicidas que preparaban atentados similares en Alemania y Francia, lo que no se hizo público en su momento. La embajada parece tener datos de primera mano, ya que asegura que las informaciones de los medios de comunicación españoles "han estado llenas de inexactitudes significativas" esos días.
Ya desde un primer momento, la embajada califica la operación de "una victoria para el Gobierno español, para los EEUU y nuestros aliados europeos". Está claro que España y EEUU dieron suma importancia a las detenciones, aunque este último criticó al consejero de Interior catalán, Joan Saura, por descoordinación.
En otro cable de marzo de 2008, dos meses después de las detenciones, el número dos de la embajada destacaba la relevancia de la operación para España. Un importante asesor del gabinete del presidente Zapatero, Carles Casajuana, le había explicado que la desarticulación de este grupo "ha sido una gran oportunidad" para demostrar lo importante que es la presencia española en Afganistán para la seguridad de nuestras fronteras, ya que los detenidos habían estado en estrecho contacto con ese país.
¿Más tropas a Afganistán?
El tema no era baladí. El debate sobre la presencia de las tropas españolas en Afganistán estaba en la calle. Ese año EE UU exigió más esfuerzos a sua aliados y España acabó pidiendo un cambio de estrategia política y militar antes de enviar más soldados.
El Gobierno explicó que esta operación "ha sido una gran oportunidad" para demostrar lo importante que es la presencia española en AfganistánEn marzo de 2009, otro cable daba más detalles. Un asesor del número dos de Interior, Antonio Camacho, explicó a la embajada que aunque "no se encontraron explosivos en los registros, sí se hallaron temporizadores y otros elementos, lo que indica que se había ido más allá de la fase de adoctrinamiento y se iba a pasar a la fase de acción".
Y en diciembre de 2009, una vez hecha pública la sentencia contra los 11 acusados, la embajada asegura que España está ante "el juicio de más envergadura contra terroristas radicales islámicos desde el 11M".
La operación, no obstante, no dejó de ser controvertida y criticada en algunos medios. La embajada refleja esta polémica y es consciente de que pueden surgir dudas por "la poca cantidad de explosivos que tenía la célula, las declaraciones contradictorias del Gobierno español y el catalán, y las dudas acerca de los vínculos de la célula con otros grupos terroristas".
No obstante, hubo evidencias, como el material de propaganda yihadista incautado y los componentes hallados para la fabricación de bombas, como temporizadores, pilas, cables, guantes de látex y pelotas de acero que servirían como metralla. Según la embajada, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) dejó claro que la célula estaba en la "fase de ensayos para la realización del ataque".
El papel de Gómez Bermúdez
No obstante, la embajada criticó que el tribunal absolviera a todos los acusados del cargo de conspirar para cometer un ataque terrorista, al dictaminar que a pesar de que la célula había acordado llevar a cabo un ataque, todavía no había diseñado un plan específico ni estipulado una fecha exacta, a pesar de que en el informe del juez instructor se mencionó los días 18-20 de enero como fechas posibles de los ataques.
El CNI dejó claro que la célula estaba en la "fase de ensayos para la realización del ataque"La delegación americana sí destaca en cambio el papel del juez Gómez Bermúdez, que dirigió el tribunal del caso, y que ya tenía experiencia tras el juicio del 11M. Un juez que conoce la amenaza que supone el terrorismo islámico y que se inclina por dictar penas más severas.
La ‘operación Cantata’ sigue dando sus últimos coletazos. El Tribunal Supremo rebajó en enero de este año las penas a los detenidos. De condenas de entre 8 y 14 años pasan a otras de entre 6 y 8 años. Según el Supremo, la Audiencia no motivó suficientemente»la «gravedad de los hechos» y dictaminó que la "acción proyectada estaba en una fase tan embrionaria que la primera sentencia les absolvió del delito de conspiración para delinquir".
Bombas con mando a distancia
El CNI llegó a grabar algunas conversaciones telefónicas de los detenidos. En una de ellas, el jefe de la célula, Mohammad Ayud Elahi Bibi, le decía a otro miembro que "el artefacto lo llevaremos en una mochila o una bolsa y una tercera persona lo detonará con un mando a distancia". Querían inmolarse en el metro porque allí "los servicios de urgencia no pueden llegar".
Un asociación para mártires
Este diario también ha tenido acceso a parte de la investigación. En ella se explica que la mayoría de los miembros de la célula que llegaron a Barcelona procedían de Brescia (Italia). Allí pertenecían a la asociación cultural PAK, que a su vez financiaba a la organización pakistaní Shuada-E- Islami, encargada de "suministrar sostén económico a los familiares de los mártires de la Yihad".
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