El hecho jurídico más relevante de la historia contemporánea de España, cual es la dimisión del presidente de la cúpula judicial por presunta corrupción subjetiva y alarma social, demoscópicamente verificada, a la sazón, su ilustrísima Carlos Dívar, no ha sido registrado todavía en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo cual ha llenado de inquietud, sorpresa y contrariedad a los magistrados del Supremo y a los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Algunas señorías no salen de su asombro y explican que si el mencionado Dívar dimitió el jueves 21 del corriente, las cuatro ediciones del BOE desde entonces hasta el momento en que se escriben estas líneas han podido recoger la renuncia y no lo han hecho. ¿Por qué? El Poder Judicial tiene su propio espacio en el periódico oficial, de modo que por falta de sitio en el diario no será, máxime si no gasta tinta ni papel, pues hablamos de una publicación online.
Los presidentes en funciones del CGPJ, Fernando de Rosa, y del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Xiol, son los más interesados en que la dimisión de Dívar se verifique legalmente. Cinco días y cuatro ediciones del BOE después, en las que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha tenido tiempo de publicar la concesión de la Gran Cruz de Raimundo de Peñafort a su antecesor, Francisco Caamaño, y, en términos genéricos, al Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales, corre la especie de que Gallardón se ha guardado el cese de Dívar en un cajón.
¿Por qué el ministro hace eso? En primer lugar, para que no quede huella legal del dimisionario y del episodio histórico. En segundo término porque Gallardón afirmó que Divar salía “fortalecido” de la intervención del fiscal Torres Dulce y el supremo veredicto sobre la ausencia de delito en los dispendios y abusos particulares a costa del dinero público por parte de un individuo con un sueldo oficial de 130.000 euros anuales, más alto que el del jefe del Gobierno, y en tercer lugar para no fundamentar el deshonroso cese.
Todo lo anterior son hipótesis recabadas por este servidor y picapedrero, que buscó una explicación oficial y no la halló. Trasladó el asunto, o sea, la extrañeza sobre la falta de reflejo legal de la situación real, al presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Alfredo Prada, quien tampoco se explicaba la anomalía, y en ausencia de legalidad pública y publicada, concluyó que Divar sigue en sus cargos y que la Justicia con Gallardón es lo que decía Pedro Pacheco: un cachondeo.
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