Cuba elimina el permiso para viajar al extranjero

Cuba ha anunciado que a partir del 14 de enero los ciudadanos de la isla no tendrán que solicitar permiso para viajar al extranjero. Los medios de comunicación oficiales informaron de que la decisión supone cambiar las leyes de emigración para adecuarlas a las circunstancias presentes y futuras.

Hasta ahora, los cubanos debían soportar lentos y penosos, además de caros, trámites para lograr ese permiso, un permiso que los cubanos llaman "carta blanca" y que casi siempre es denegado a los disidentes políticos. A partir de enero solo será necesario tener un pasaporte válido. Los ciudadanos cubanos que dispongan de residencia permanente en Cuba podrán permanecer en el extranjero hasta 24 meses sin necesidad de renovar la documentación. Hasta ahora ese plazo era de 11 meses.El Gobierno cubano ha considerado durante muchos años traidores a los cubanos que pedían abandonar el país

El Gobierno cubano ha considerado durante muchos años traidores a los cubanos que pedían abandonar el país, la mayoría de ellos deseosos de mejorar sus condiciones de vida. Pero ya hace algunos años que las autoridades cubanas comenzaron a adoptar una posición más flexible dentro del plan que llamaron Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, documento aprobado por el VI Congreso del Partido Comunista que contiene una serie de reformas que pretenden "actualizar" el modelo socialista, y que incluyen, entre otras novedades, la liberalización de la venta de casas y coches.

La realidad es que muchos cubanos salen de la isla como turistas. De hecho, miles de personas viajan cada año al extranjero, incluido Estados Unidos, y regresan después. En la década de los noventa, el régimen amplió el "derecho" a la tarjeta blanca y flexibilizó su política migratoria, aunque siguieron habiendo severas limitaciones para que los trabajadores del sector de la salud, profesionales, menores de edad, funcionarios, militares...

Esa iniciativa reformista de mayo de 2011 también establecía que los bancos estatales podrán conceder créditos a los nuevos trabajadores por cuenta propia, y que se estimulará la creación de cooperativas en el sector de los servicios.