Holanda abre este lunes el primer juicio por genocidio de su historia en un tribunal nacional, en La Haya, en virtud del principio de jurisdicción universal.
La acusada es Yvonne Basedya, una mujer ruandesa que, según la acusación, incitó y participó en la violencia que asoló su país en 1994. Basedya tiene 65 años y reside en la provincia sureña de Limburgo. Consiguió asilo político y cuenta con pasaporte holandés. La fiscalía sostiene que lideró a los extremistas de la etnia hutu (mayoritaria en Ruanda) y lanzó a grupos de jóvenes contra la minoría tutsi, minoritaria pero en el poder entonces. Se le imputa haber participado ella misma en los asesinatos.La defensa alega que es víctima de una conspiración urdida por sus antiguos vecinos africanos.
Hace casi dos décadas, unas 800.000 personas perdieron la vida en Ruanda en el curso de 100 días de choque interétnico que derivaron en genocidio. Las mutilaciones a machetazos dejaron inválidos a varios miles más.
Yvone Basedya llegó a Holanda en 1988 y logró reunir luego a su familia. En 2004 consiguió la nacionalidad holandesa y vivió en el anonimato hasta 2011, cuando fue detenida. Según la acusación, en 1994 incitó a los jóvenes hutus en Kigali, capital ruandesa, a lanzarse contra sus vecinos tutsis con consecuencias trágicas. Para su abogado, Viktor Koppe, especializado en derechos humanos, su cliente es víctima de un error. Aduce además que la fiscalía ha remitido tarde documentos cruciales para la preparación del caso. Los mismos contienen declaraciones contradictorias de ruandeses, citados en 2003 por los tribunales de su país, para declarar sobre la acusada. Koppe ha denunciado asimismo la servidumbre de los juicios por genocidio, “donde hay que encarcelar a los criminales de guerra a cualquier precio”.
La Fiscalía (holandesa) General del Estado asegura que hay más ruandeses de origen en la situación de Yvonne Basedya. “Al menos una decena tienen las manos manchadas de sangre y han pedido, o bien obtenido asilo”. El año pasado, uno de ellos, Joseph Mpambara, fue condenado a cadena perpetua por haber torturado a dos mujeres, y a varios de sus hijos, en 1994 durante el genocidio ruandés.
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