EFE
- Insiste en que intentaron asaltar el Congreso mientras se celebraba la sesión.
- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ya consideró que el delito no existía y archivó la causa contra los acusados de convocar la protesta.
La juez de instrucción número 8 de Madrid, Rosario Espinosa, confirmó este martes su decisión de remitir a la Audiencia Nacional las actuaciones abiertas contra los 34 detenidos el 25 de septiembre durante los incidentes de la protesta 'Rodea el Congreso', al considerar que cometieron un delito contra las altas instituciones del Estado.
En su auto, la magistrada desestima los recursos de reforma interpuestos contra su resolución y que no se han desvirtuado los fundamentos de derechos que expuso para inhibirse en favor de la Audiencia Nacional al entender que el caso es competencia de esta instancia y no de un juzgado como el suyo.
Los convocantes fueron absueltos
Tras tomar declaración a 34 de los detenidos en la protesta celebrada el 25 de septiembre, que quedaron en libertad, la magistrada consideró a principios de mes que la concentración se celebró coincidiendo con la sesión plenaria que tenía lugar en el Congreso "con el fin de exigir una destitución y ruptura del régimen vigente".
Por ello entendió que los hechos son constitutivos de un presunto delito contra las instituciones del Estado y, por lo tanto, es competencia de la Audiencia Nacional, que además ya archivó unas diligencias contra ocho de los convocantes de la protesta por los mismos motivos y aseguró que este tipo penal no se había producido.
La magistrada ha dado un plazo de alegación a las partes antes de que su resolución sea efectiva.
Enfrentamiento Pedraz-Policía
La puesta a disposición judicial de estos detenidos originó en su momento una fuerte discusión entre la Policía Nacional y el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, ya que la Brigada de Información quiso enviarle a los detenidos pese a que este consideraba que no se había producido el delito contra altas instituciones de la nación.
Además, fuentes de la Audiencia Nacional criticaron el desconocimiento acerca de dónde se encontraban estas personas tras su detención (en el complejo de Moratalaz) y confresaron sentirse "perplejos" ante la indefinición de la Policía ?que no mencionaba en sus atestados el posible delito contra la Cámara de los diputados? y la acusación. Los abogados de los acusados denunciaron, asimismo, que no les permitían atender a sus clientes.
Pedraz llegó a revisar el diario de sesiones del Congreso para saber si, efectivamente, la sesión resultó perturbada, cosa que no ocurrió, como admitió el presidente del hemiciclo, Jesús Posada (PP).
Finalmente la juez Rosario Espinosa, que en ese momento se encontraba en funciones de guardia en los juzgados de Plaza Castilla, tomó declaración a los detenidos y puso en libertad con cargos a 33 de ellos, mientras que decretó para otro su ingreso en prisión eludible bajo una fianza de 1.000 euros.
Los incidentes
En su auto de inhibición a favor de la Audiencia, Espinosa apunta que los promotores del 25-S exigían un proceso "de destitución y ruptura del régimen vigente, mediante la dimisión del Gobierno en pleno, disolución de las Cortes y de la Jefatura del Estado", con abolición de la "actual Constitución" y el inicio del proceso de constitución "de un nuevo sistema de organización política, económica y social".
Durante la protesta, se produjeron "incidentes ocasionados porque algunos de los asistentes intentaron rebasar el perímetro de seguridad establecido en el Congreso de los Diputados, así como impedir a los diputados "abandonar el hemiciclo, lanzando objetos a los funcionarios de Policía que allí estaban" e intentando "saltar las vallas de protección". Finalmente, la juez concluye que dichos hechos "podrían encuadrase en un presunto delito contra la Instituciones".
Según fuentes de la Audneica, no se espera que Pedraz se pronuncia de manera distinta al respecto de las actuaciones, apoyando su archivo.
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