Un grupo de activistas ‘toma’ la sede de Capio Sanidad en Madrid

Un grupo de activistas han irrumpido en la sede de Capio Sanidad en Madrid para protestar contra la privatización de hospitales públicos en la región, un proceso en el que esta empresa ha dicho estar interesada y en el que, según se rumorea, es la mejor posicionada para hacerse con la gestión de los centros sanitarios que externalizará Ignacio González.

La acción, promovida por el 15M, ha comenzado al mediodía y ha llevado a cerca de 40 personas a ‘tomar’ Capio para exigir al máximo responsable una reunión. Con gritos como ‘La Sanidad no se vende, se defiende’, los activistas aseguran que “queremos una Sanidad pública que no esté dirigida por empresas que puedan hacer negocio con nuestra salud”.

De momento no han logrado su objetivo, ya que según comentan en Twitter Capio ha exigido que pidan una cita previa para reunirse con el responsable de la empresa, pero han decidido quedarse media hora en la sede de la compañía para seguir “defendiendo los derechos de los pacientes a una Sanidad pública, universal y de calidad” y para denunciar que “privatizar sanidad provocará un recorte de plantillas para reducir costes y obtener beneficios”, y al mismo tiempo supondrá un “menor tiempo de atención a pacientes”.

Según los ‘indignados’, “el proceso de desmantelamiento de la sanidad iniciado a finales de los 90 con la ley 15/87 de Nuevas Formas de Gestión en la Sanidad, aprobada por el PSOE y avalada con los votos de PP, PNV, CiU y CC, es cada vez más agresivo”, y así lo demuestra el Plan de Medidas de Garantía de La Sostenibilidad Del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid, en el que se prevé la privatización de seis hospitales según el modelo Alzira popularizado en la Comunidad Valenciana, la externalización de la gestión del 10% de los centros de salud, así como la reconversión de La Princesa y el Carlos III.

El 15M recuerda en su página web que “el modelo Alzira fue creado por el que es Director General de Hospitales de Madrid desde 2008, Antonio Burgueño Carbonell, quien fue director médico de Adeslas (1990-2001). Su hijo, Antonio Burgueño Jerez, trabaja como jefe de la Unidad de Desarrollo de Negocio y Calidad en Ribera Salud, empresa que casualmente ha recibido la adjudicación del hospital de Torrejón”.

También indican que actualmente Capio España, que está en vías de comprar Ribera Salud y tiene dos hospitales públicos madrileños adjudicados siendo Director de Hospitales Burgueño Carbonell, posee un capital que procede en un 50% de CVC Partnes Capital, un fondo de capital riesgo de Suecia. Capio gestiona ya una treintena de centros sanitarios privados y públicos en Extremadura, Castilla-La Mancha, Barcelona y Madrid (Fundación Jimenez Díaz, Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, y el de Collado Villalba, que aún está por abrir por falta de dinero)”. 

El 15M ha organizado esta acción para decirles a “los responsables de Capio, que pretenden hacer negocio con nuestra salud”, que la Sanidad pública “no les pertenece, que no vamos a aceptar que una empresa que se financia a través de fondos de capital de riesgo se dedique a gestionar la salud en la Comunidad de Madrid”.

8 activistas antidesahucios, ante el juez por desacato a la autoridad

Ocho activistas antidesahucios serán juzgados esta mañana en los juzgados de plaza de Castilla de Madrid por haber desobedecido supuestamente a los agentes de la Policía Nacional cuando intentaban impedir el paso de la comisión judicial que ejecutaba el lanzamiento de Olga Teresa Cabrero, en el distrito madrileño de Tetuán. Es el segundo juicio de estas características que se celebra en Madrid, según precisa el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de la región, Chema Ruiz. Medio centenar de vecinos, indignados y miembros de la PAH se han congregado esta mañana a las once frente a los juzgados para apoyar a sus compañeros.

Los activistas —que pertenecen a diferentes asambleas de barrio del 15-M y a la PAH— se enfrentan a multas de hasta 24.000 euros, según reza el comunicado que la plataforma ha colgado en su página web. Según el atestado policial, estas ocho personas trataron de evitar el paso de la comisión judicial intentando impedir así que se llevara a cabo el lanzamiento de un desahucio que fue finalmente ejecutado.

El tercer intento de desahucio de Olga Teresa Cabrero, una ecuatoriana 48 años gravemente enferma del pulmón, tuvo lugar el pasado 28 de marzo en el número 4 de calle de Berruguete. Como cualquier otro acto de Stop Desahucios, los activistas intentaron negociar la condonación de la deuda con Bankia, la entidad que concedió la hipoteca para la adquisición de su vivienda. Según relata Isabel, miembro de la asamblea del 15-M de Tetuán que no quiere dar su apellido, fue imposible. "Teresa quería volver a su país natal y pedía quedarse unas semanas más en su casa antes de emprender el viaje para no verse en la calle, pero la comisión judicial no cedió". Una de las activistas encausadas, Felícita Vázquez, ha contado a este periódico que Teresa mostró los volantes médicos que certificaban la enfermedad crónica que sufre —y por la que cobraba una pensión de 600 euros— junto al billete de avión a la comisión, pero sin ningún resultado.

Ante esta negativa, los activistas formaron un cordón para impedir la entrada del edificio de la comisión judicial. Felícita, miembro de la PAH, cuenta que los activistas esperaron la última palabra de Bankia hasta el último momento, cuando aparecieron dos furgonetas de la Unidad de Intervención Policial. En pocos minutos, los antidisturbios empezaron a disolver el cordón. "Pasé mucho miedo al ver cómo mis compañeros lloraban por el fuerte dolor que les provocaba la presión que los agentes les ejercían en las sienes", cuenta esta vecina de Leganés, de 56 años.

Un mes después, Felícita Vázquez y otros siete activistas, recibieron la carta del juzgado de instrucción número 45 de plaza de Castilla, que les notificó su imputación por desobediencia a la autoridad. Esta mañana a las once, la PAH de Madrid y varias asambleas del 15-M harán una concentración en la plaza de Castilla, donde al mediodía se celebrará el juicio.

Israel aborda un barco cargado de activistas propalestinos rumbo a Gaza

La marina israelí ha interceptado esta mañana un barco con alrededor de treinta activistas propalestinos de varias nacionalidades que intentaban saltarse el bloqueo israelí a la franja de Gaza. La embarcación, de nombre Estelle, iba cargada con material de construcción, comida y material escolar, según han informado medios israelíes.El barco, que ha sido rodeado por varias lanchas de la marina israelí, ha sido llevado al puerto de Ashdod, donde los treinta activistas serán puestos a disposición de las autoridades. «Lo mismo que en las ultimas veces, no hay nada nuevo, ellos lo saben muy bien...
Fuente: ABC.es