La industria asegura que el consumidor será quien pague el fin del déficit

El ministro de Industria, José Manuel Soria, aseguró en el Congreso el martes que las empresas eléctricas asumirán la mitad del ajuste necesario para cumplir los objetivos de déficit tarifario en el periodo 2012-2013, en tanto que el 50 % restante se repartirá entre los consumidores y el Estado.

"Todos sabemos como funciona el mercado eléctrico, e incluso algún tipo de generación eléctrica va a mantener importantes subvenciones a costa de los Presupuestos Generales del Estado. Así que de forma directa o indirecta, lo pagaremos los consumidores de energía", aseguran las 17 organizaciones en una carta abierta al Gobierno.

Los firmantes representan a los sectores de cogeneración (Acogen), azulejo (Ascer), papel (Aspapel), fundición (Feaf), yeso (Atedy), ladrillo (Hispalyt), madera (Confemadera), metal (Confemetal), química (Feique), alimentación y bebidas (Fiab), cemento (Oficemen), textil (Consejo Intertextil Español), siderurgia (Unesid), cobre (Unicobre), vidrio (Vidrio España), material de construcción (Cepco) y grandes consumidores (Aege).

Lamentan en la carta la negativa del Ministerio de Industria a escuchar sus propuestas, así como que a nadie parezca importarle las consecuencias que tendrán para la industria las nuevas tasas energéticas diseñadas por el Gobierno para acabar con el déficit de tarifa eléctrica.

"Esta vez, a los que pagamos, nos van a expoliar. Y cuando se inicie el cierre de empresas, cuando los trabajadores lleguen a la calle, a ver quien los calla. Luego habrá quien se lamente, siempre lo hay, seguro que el que se mostró mas indolente ante esta flagrante extorsión fiscal que va a llevarse al tejido industrial de este país por delante. Al final sol y playa", concluye el escrito.

En la quinta entrega de su carta abierta al Gobierno, las asociaciones industriales reiteran que las medidas sobre fiscalidad energética propuestas por el Ejecutivo generarán una pérdida de competitividad inmediata en múltiples sectores y podrán en riesgo la supervivencia del tejido industrial española y de miles de empresas, con consecuencias irreversibles en el empleo.

Fuente: ElPais.com

El comisario europeo que dimitió por corrupción cobrará 2.300 euros al mes durante toda la vida

El ex comisario de Sanidad John Dalli, que dimitió la semana pasada por acusaciones de tráfico de influencias en la industria tabaquera, cobrará durante tres años una compensación equivalente al 45% de su salario (unos 9.000 euros al mes) y después una pensión vitalicia de alrededor de 2.300 euros. 

Dalli consintió que un empresario maltés pidiera en su nombre dinero a una tabaquera sueca a cambio de influir en la reforma de las reglas de la UE sobre el tabaco, según las conclusiones de un informe de la oficina antifraude OLAF. En concreto, el empresario se ofrecía a levantar la prohibición sobre el tabaco para uso oral (snus).

"El señor Dalli es inocente hasta que se demuestre lo contrario y no ha hecho nada malo por lo que se refiere a su derecho a recibir una pensión. Tiene derecho (a ella) de acuerdo con la legislación de la UE", ha explicado el portavoz de la Comisión, Olivier Bailly, para justificar el pago.

En un caso de corrupción anterior, el de la ex comisaria Edith Cresson, cuyas irregularidades hicieron caer a todo el Ejecutivo comunitario en 1999, sólo vio suspendida su pensión cuando fue condenada por los tribunales. Pero recurrió la pérdida de la pensión, la justicia le dio la razón y sigue cobrando, ha explicado el portavoz.

"Lo podrán considerar ustedes legítimo o no pero estas son las reglas y, en tanto que guardianes del Tratado, debemos respetarlas", ha dicho Bailly a los periodistas.

Los derechos de pensión acumulados por Dalli durante sus dos años y medido de mandato equivalen al 11,4% de su salario (alrededor de 20.000 euros al mes). Pero además, y antes de percibir la pensión, el maltés se beneficiará durante tres años de una indemnización del 45% del salario(unos 9.000 euros mensuales).

Se trata de una compensación que reciben todos los comisarios al abandonar el cargo y cuyo objetivo es garantizar que cuentan con recursos suficientes hasta encontrar otro trabajo o jubilarse. Aunque Dalli está a punto de alcanzar los 65 años, cobrará los 9.000 euros durante tres años, ha explicado el portavoz.

Ante las insinuaciones por parte del excomisario de Sanidad de no dimitió sino que fue destituido, el Ejecutivo comunitario ha precisado este lunes su versión de los hechos. Y ha admitido que fue el presidente, José Manuel Durao Barroso, el que "ofreció dimitir" a Dalli tras presentarle las conclusiones del informe de la OLAF.

Barroso consideró "insostenible políticamente" que, con los indicios disponibles sobre un posible tráfico de influencias, pudiera quedarse en una "cartera sensible" como la de Sanidad, según el portavoz. Hay dos testigos de la dimisión de Dalli: el director general de servicios jurídicos y el jefe de gabinete de Barroso.

El presidente del Ejecutivo comunitario se reúne este lunes con el candidato designado por el Gobierno maltés para sustituir a Dalli, el actual ministro de Exteriores, Tonio Borg. Bruselas todavía espera pese al escándalo presentar sus propuestas de reforma de la legislación del tabaco antes de fin de año.