Los gobernantes españoles que falseen datos podrán ser inhabilitados 10 años

Los gestores públicos que cometan infracciones muy graves en el ejercicio de su cargo, tales como falsear u ocultar datos contables, podrán enfrentarse a 10 años de inhabilitación y una multa, según consta en el anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que establecerá también baremos para fijar los sueldos de los cargos electos locales.
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes dicho anteproyecto, que se someterá a partir del lunes, y durante 15 días, a un periodo de audiencia pública en el que los ciudadanos trasladarán a través de internet al Gobierno sus sugerencias.
Según Soraya Sáenz de Santamaría, la ley "refuerza la transparencia de las administraciones públicas, busca laminar compartimentos opacos e impone férreas obligaciones de buen gobierno".
Dicho código de buen gobierno, con rango legal para todas las administraciones, fija las correspondientes sanciones para aquellos gobernantes que lo incumplan.
'Infracciones muy graves'
Así, el Ejecutivo considera "infracciones muy graves" algunas conductas contrarias "al buen gobierno". Sáenz de Santamaría ha explicado que serán conductas muy graves "la autorización de compromiso de gastos sin fondos, el incumplimiento deliberado de reducir la deuda pública o no formular los planes de ajuste" requeridos en cada momento, según ha explicado la vicepresidenta en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
Estas infracciones "podrán llevar aparejada la destitución de los cargos públicos y la imposibilidad de poder volver a ser nombrados durante un periodo entre cinco y 10 años".
Igualmente, "las conductas de verdadero falseamiento u ocultación de datos serán constitutivas de delito", pudiendo ser "sancionadas y penadas con inhabilitación de hasta 10 años".
Aunque no se prevé pena de prisión para este nuevo delito de falseamiento u ocultación de datos, la vicepresidenta ha recordado que se establece una pena de multa y que ésta, "si no se cumple, se sustituye por la pena de prisión".
Acceso a la información
La ley de transparencia tiene como principales objetivos regular el derecho de los ciudadanos a acceder a la información de las administraciones y fijar límites a la actuación y el comportamiento de los responsables públicos.
El proyecto obliga a modificar el Código Penal para poder sancionar las conductas más graves, que conllevarán penas de inhabilitación.
La norma permitirá tener información de todas las subvenciones, contrataciones e ingresos de cada ayuntamiento, comunidad autónoma y del Gobierno y del sueldo de los dirigentes políticos.
Según ha explicado Sáenz de Santamaría, una ley como la que aprobará el Ejecutivo -promesa electoral del PP- ya existe en la "inmensa mayoría de los países europeos" y permitirá "reforzar la credibilidad de las instituciones de nuestro país".
Sueldos de alcaldes y cargos locales
Asimismo, el anteproyecto de ley fija un "primer paso" hacia la fijación de baremos en la retribución de los miembros de las entidades locales, que constarán en los Presupuestos Generales del Estado de cada año.
Para fijar estos baremos, ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, se tendrán en cuenta las características de cada entidad local, el tamaño de la misma y sus circunstancias económicas o administrativas.
-- wwwformy vía Ipad