MÉXICO, D.F. (apro).- La candidata del PAN al Gobierno del Distrito Federal, Isabel Miranda de Wallace, acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para abogar por el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en relación con el llamado caso Cassez.
“Hay que hacer un reconocimiento a la AFI” (Agencia Federal de Investigaciones) por la liberación de las personas que estaban en poder de la banda de secuestradores Los Zodiaco, declaró Isabel Miranda en la Corte luego de entregar un amicus curiae para argumentar a favor de las supuestas víctimas de la ciudadana francesa Florence Cassez.
Por segundo día consecutivo, la presidenta de la organización Alto al Secuestro acudió a la Suprema Corte para impugnar públicamente el proyecto del presidente de la Primera Sala, el ministro Arturo Zaldívar, que propone la “liberación inmediata y absoluta” de Cassez.
La aspirante del PAN a gobernar el Distrito Federal salió en defensa de García Luna ante las críticas renovadas contra éste luego de que Zaldívar propusiera la libertad de Cassez por los vicios procesales en su contra, iniciados desde su detención por parte de la AFI, en diciembre de 2005, cuando el director de la corporación policial era el ahora secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón.
A una semana de que se vote el proyecto en la sala encargada de los asuntos penales, Miranda mantiene una fuerte presión mediática contra los ministros que deberán pronunciarse sobre el proyecto de Zaldívar.
Además de exigir que el asunto salga de la sala y se discuta en el pleno, donde hay una mayoría conservadora que puede favorecer a García Luna, la aspirante panista quiere que en la discusión se incluya el documento que presentó el miércoles en la Oficialía de Partes de la Corte y en el que “estamos dando algunos argumentos, sobre todo en derechos de las víctimas”.
El documento entregado por Miranda está firmado por ella, Alejandro Martí, presidente de México SOS; Elías Huerta, presidente de la Asociación Nacional de Doctores de Derecho; Gabriel Reyes Orona, presidente de Transparencia Mexicana –que no es el capítulo nacional de Transparencia Internacional–, y las alegadas víctimas de Cassez, Cristina Ríos y Ezequiel Elizalde.
Con excepción de Martí y Ríos, los cuatro firmantes se presentaron en la Corte. A instancias de Miranda, Elizalde salió en defensa también de Felipe Calderón. “Pido a los mexicanos unidad con el presidente Calderón para que se mantenga firme” contra la delincuencia.
Reyes Orona descalificó el proyecto de Zaldívar al acusarlo de querer “acabar un montaje con otro montaje”.
Poco antes, exfuncionarios públicos, académicos, activistas sociales y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la capital del país (CDHDF), Luis González Plascencia, salieron en defensa del proyecto del ministro Zaldívar y de la liberación de Cassez.
Además de González Plascencia estuvieron el activista Eduardo Gallo; el expresidente de la CDHDF y presidente del programa de Derechos Humanos de la UNAM, Luis de la Barreda; el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Miguel Carbonell, y la directora de Estudios Jurídicos del CIDE, Ana Laura Magaloni.
También estuvieron el exprocurador general de la República, exembajador de México en Francia, y director de la Escuela Libre de Derecho, Ignacio Morales Lechuga, y el exsecretario de Relaciones Exteriores, Jorge G. Castañeda.
Consideraron que la “actuación arbitraria” de García Luna en el caso es un ejemplo de lo que le puede pasar a cualquier ciudadano en el país, por lo que es necesario que la Suprema Corte de Justicia de la Nación controle los actos de la autoridad “que fabrica culpables, esconde evidencias e inventan testigos”, según dijo Magaloni.
Cuestionaron también el “falso debate” planteado por Isabel Miranda respecto a que el ministro sólo toma en cuenta los derechos de Cassez y no los de las víctimas. Ambos derechos se defienden a través del proceso y de acuerdo con el proyecto de Zaldívar hubo una violación del debido proceso, lo que afecta no sólo a Cassez, sino a las alegadas víctimas, expresó González
Insistieron en que más allá del montaje televisivo, los testimonios contradictorios de éstas y la violación a los derechos consulares de Cassez anulan todo el proceso seguido contra la ciudadana francesa
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