Isabel Miranda de Wallace se hizo conocer como activista contra el crimen y de pronto comenzó a aparecer junto con el presidente Calderón para apuntalar su estrategia contra el crimen organizado, encabezada por el secretario Genaro García Luna. Se metió así de lleno en el polémico caso de Florence Cassez, que ha opacado su proselitismo electoral. Sin embargo, en 1998 la empresaria luchaba por su propia libertad, acusada por funcionarios de la delegación Tlalpan de que, al obstruir el retiro de tres espectaculares de su empresa Showcase, se resistió a la autoridad, dañó equipo del gobierno capitalino y ordenó a sus empleados que atacaran a quien subiera a los espectaculares.
Interlocutora del gobierno federal en materia de seguridad, Premio Nacional de Derechos Humanos por obra y gracia del presidente de la República, mujer de las confianzas del propio Felipe Calderón y de su secretario de Seguridad Pública, la candidata del PAN al gobierno del Distrito Federal, Isabel Miranda de Wallace, arrastra un pasado que no la condena pero la marca: sus antecedentes policiacos y judiciales en la ciudad a la que pretende gobernar.
En 1998 fue indiciada en una causa penal como probable responsable de los delitos de resistencia de particulares y homicidio en grado de tentativa.
Aunque fue exonerada, una resolución de segunda instancia del Tribunal Superior de Justicia en el Distrito Federal (TSJDF) la responsabilizó de causar daños al Gobierno del Distrito Federal (GDF) cuando se enfrentó a personal de la delegación Tlalpan para impedir el retiro de tres anuncios que la empres de la que proviene su riqueza económica, Showcase Publicidad, colocó en una zona de riesgo.
El alegado secuestro y asesinato de su hijo, que aún se juzga en tribunales, la perfiló como personaje de “la sociedad civil” después de que en unas cuantas horas, “sin ayuda de la policía”, identificó a los supuestos responsables. Sin embargo, en un reportaje publicado en la edición 1842 de Proceso, las madres, hermanos y otros parientes de las personas encarceladas acusaron a la señora Wallace de haber incurrido en ilegalidades graves, entre éstas “actos de tortura” contra los presuntos secuestradores y asesinos de su hijo, para que se inculparan; ella, afirmaron, está utilizando el poder que le da su “amistad” con el presidente Felipe Calderón y con el ahora exprocurador capitalino Miguel Mancera…
(Extracto del reportaje que se publica esta semana en la revista Proceso 1849, ya en circulación)
-- wwwformy vía Ipad
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