Los incontables privilegios de la Iglesia romana en España también molestan a muchos católicos, incluso a eclesiásticos de relieve y a muchos teólogos. Ahora, quien alza la voz es el colectivo Cristianas y Cristianos de Base de Madrid, que agrupa a cientos de comunidades y parroquias, además de algunas organizaciones de la multitudinaria asociación conocida como Redes Cristianas. El disgusto se plasma mediante una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la que le piden que denuncie los llamados Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español firmados en enero de 1979, en sustitución de anteriores Concordatos. “Estos Acuerdos consagran para la Iglesia católica numerosos privilegios, lesionan seriamente los derechos de muchos españoles que tienen otras creencias u otras convicciones filosóficas y lastran de forma grave el genuino sentido del cristianismo, a través del contradictorio proceder de la Iglesia católica, motivo de escándalo para muchos”, escriben al presidente.
Europa Laica lleva meses en campaña pública para forzar a los políticos a cambiar la legislación fiscal e hipotecaria vigente, con el objetivo de que las instituciones católicas paguen impuestos como el IBI, y para acabar con el confesionalismo de incontables instituciones del Estado. Los cristianos de base de Madrid elevan aún más el punto de mira, directamente al líder del Ejecutivo. “El objetivo de esta carta”, le dicen, “es plantearle la urgente necesidad de que el Gobierno que usted preside denuncie los Acuerdos firmados por el Estado español con la Santa Sede en 1976 y 1979 (BOE, 03/01/1979) porque, a nuestro juicio, esos Acuerdos consagran para la Iglesia católica numerosos privilegios, lesionan seriamente los derechos de muchos españoles que tienen otras creencias u otras convicciones filosóficas y lastran de forma grave el genuino sentido del cristianismo, a través del contradictorio proceder de la Iglesia católica, motivo de escándalo para muchos”.
“Tras mucho tiempo de reflexión sobre la actuación de la Iglesia católica en el seno del Estado democrático que desde hace décadas intentamos consolidar, hemos llegado a la conclusión de que el actual marco de relaciones Iglesia-Estado colisiona frontalmente con distintos principios fundamentales recogidos en nuestra Constitución, lesiona derechos básicos de muchos ciudadanos y traiciona la neutralidad del Estado respecto a las diferentes corrientes de pensamiento, convirtiéndolo, de facto, en un Estado confesional. Todas las razones apuntadas ponen de manifiesto la necesidad de denunciar estos Acuerdos y sustituirlos por otras normas más acordes con un Estado social y democrático de Derecho, que pongan un punto final a los anacronismos hoy vigentes en diferentes esferas de la vida pública española”, añaden.
El colectivo de católicos razona que los Acuerdos de 1979, al margen de su dudosa estructura jurídica (“pensamos que pueden ir en contra de la Constitución”, llegan a afirmar), mantienen “casi intacto” el núcleo del concordato franquista de 1953, “especialmente en los privilegios que otorgan a la Iglesia católica en el ámbito de la economía y de la enseñanza”. También señalan que esos acuerdos “fueron concebidos, negociados y acordados sin contar con la ciudadanía y vieron la luz solo unos pocos días después de la promulgación de la Constitución de 1978, poniendo de manifiesto la urgencia por resolver el tema antes de que las reglas del juego democrático estuvieran plenamente establecidas”.
En el ámbito económico, este grupo de católicos de base sostiene que tanto el Acuerdo sobre Asuntos Económicos como diferentes normas legales posteriores atribuyen a la Iglesia católica unos derechos que implican subvenciones, exenciones fiscales y facultades de apropiación patrimonial “inexplicables en un Estado democrático”. Añaden: “Por el contrario, la Iglesia, la mayor propietaria de bienes inmuebles en España, incumple su compromiso de autofinanciación, tal como reconoció en los citados Acuerdos, y continúa reclamando incrementos en las subvenciones estatales que, en estos momentos, superan ya los 10.000 millones de euros al año”.
“En nuestros días, los ajustes y recortes recaen especialmente sobre los más débiles, mientras la Iglesia católica es la única instancia, además del sector financiero y las grandes empresas, que se mantiene inmune ante la crisis: ningún recorte en subvenciones, las mismas exenciones fiscales que décadas atrás”, afirman. La jerarquía de la Iglesia católica en España alega en su defensa la labor de Cáritas, “que todos reconocemos, pero oculta que la financiación de la Iglesia a su labor no llega ni al 3% del presupuesto de Caritas”.
Otro anacronismo “difícil de entender”, añaden, es la presencia de la religión en la escuela. Dicen: “La educación en la fe religiosa pertenece a otro lugar, y a otros protagonistas: los templos, las sinagogas, las mezquitas, etc. Si hoy pervive es porque los Acuerdos con la Santa Sede garantizan y blindan para la Iglesia ese dominio ideológico, de las conciencias. Asimismo, nos parece totalmente irregular que sea el Estado el que pague a los profesores de religión y sean los obispos los que los elijan y los puedan expulsar a su conveniencia, al margen de la normativa que rige para el resto del profesorado".
También reclaman al Gobierno de Rajoy medidas en el ámbito social y cultural. “Los Acuerdos son también contrarios a la lógica democrática, ya que consolidan la casi omnipresencia de la Iglesia católica en instituciones y espacios que no son los suyos: hospitales, ejércitos, ceremonias civiles, etc., sin olvidar su constante intento de injerencia en las políticas sociales así como en el desarrollo legislativo regulador de los derechos civiles, la moral pública, la investigación, etc. Un poder de coacción moral incompatible con el pluralismo ético y cultural de la sociedad española y con el ejercicio de las libertades que consagra nuestra Constitución”.
En consecuencia, la misiva concluye reclamando del Estado “un marco jurídico nuevo que garantice el derecho de los ciudadanos a la libertad de conciencia moral, así como el compromiso por consolidar una ética pública basada en el respeto a los Derechos Humanos y a los principios y valores democráticos recogidos en la Constitución”. Añade que “ninguna confesión religiosa ni cosmovisión alguna puede imponer sus códigos morales al conjunto de la sociedad, y que la libertad de conciencia es anterior y superior a la libertad de las organizaciones para difundir sus propias creencias y puntos de vista”
La carta a Rajoy, firmada por Gloria Encinas, presidenta de Cristianas y Cristianos de Base de Madrid, en nombre y representación de su asamblea general, va acompañada de razonamientos más detallados en un extenso documento adjunto. Concluye con esta afirmación: “Creemos que es cada vez más urgente la denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede que deben ser derogados y sustituidos por normas acordes a un Estado democrático de derecho, es decir, con máximo respeto a las libertades civiles de los ciudadanos y bajo los principios de no discriminación y no confesionalidad del Estado”.
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