El Gobierno es reacio a modificar la ley para frenar los desahucioso, tal y como le pide la oposición, empezando por el PSOE, y, ayer, el vicepresidente del Consejo del Poder Judicial, Fernando de Rosa. El Ministerio de Economía asegura que es pronto para determinar si el Código de Buenas Prácticas firmado con los bancos ha funcionado. Se aprobó hace seis meses pero, en realidad, ha estado en vigor menos de dos porque luego se abrió un plazo para que los bancos se sumaran voluntariamente a un acuerdo que, una vez suscrito, les obliga a ser flexibles al ejecutar desahucios.
Además, el Gobierno asegura que los procedimientos son largos por lo que los que se ejecutan ahora se iniciaron antes de la puesta en marcha del Código, sin posibilidad de que esta norma haya frenado los que estaban ya avanzados. Explican que la comisión de seguimiento, en la que participan la Asociación Hipotecaria, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el secretario de Estado de Economía, estudia modificar los umbrales de ingresos en los que se excluyen los desahucios.
Esos umbrales se fijan en función de que todos los miembros de la unidad familiar carezcan de rentas o bienes con que hacer frente a la deuda; que la cuota hipotecaria resulte superior al 60 % de los ingresos que perciba la unidad familiar y que el precio de la vivienda no supere un precio tasado en función del número de habitantes del municipio (máximo de 200.000 euros en municipios de más de un millón de habitantes y 120.000 euros para municipios de hasta 100.000 habitantes).
La otra vía en la que se trabaja, siempre con acuerdo con los bancos, es la de buscar fórmulas que obliguen a las entidades que han recibido dinero público a través del FROB a poner parte de su patrimonio inmobiliario en beneficio de personas sin recursos que no puedan hacer frente a sus créditos hipotecarios. El Gobierno explica que el Código establecía que el desahucio era la última opción, después de la renegociación de los plazos y de los intereses del préstamo. Según los datos del Ejecutivo, se están produciendo más renegociaciones que nunca y, por tanto, se restringen las ejecuciones de desahucios. Añaden que los bancos están siendo también menos inflexibles y agresivos por la presión social y por las resoluciones judiciales mucho más favorables ahora hacia los que no pueden pagar sus créditos. El Código incluye tres fases: una dirigida a procurar la reestructuración de la deuda hipotecaria (carencia de cuatro años, ampliación del plazo hasta 40 años y reducción del tipo de interés a Euribor + 0,25% durante la carencia); otra para que las entidades pueden ofrecer una quita sobre la deuda y, si ninguna de las dos anteriores reduce la deuda a límites asumibles, las entidades deberán aceptar la dación en pago (las familias podrán permanecer en su vivienda dos años con una renta baja). El Ejecutivo se resiste a cambiar la ley por entender que generalizar la exclusión de desahucios encarecería los créditos y haría subir los tipos. Teme una especie de “efecto llamada” o aumento de la picaresca que incremente los impagados.
El vicepresidente del Poder Judicial defendió ayer la necesidad de reformar la ley hipotecaria por sus “disfunciones”. El Consejo encargó un informe a jueces que luego no quiso hacer suyo. De Rosa inauguró unas jornadas en las que los 46 jueces decanos de toda España aprobarán un documento de trabajo sobre los desahucios, informa Jesús García.
El PSOE presentó hace dos semanas una proposición de ley para cambiar cinco leyes (hipotecaria, enjuiciamiento civil, regulación del mercado hipotecario, disciplina e intervención de las entidades de crédito y subrogación y modificación de préstamos hipotecarios), y ahora teme que el PP se apunte el tanto si da luz a una nueva normativa. Por eso, los socialistas iniciaron ayer una campaña de ruedas de prensa monotemáticas por toda España y pidieron a Mariano Rajoy que pacte con ellos la reforma y luego la apruebe por decreto ley, con la “máxima urgencia”. “Proponemos al Gobierno encerrarnos en una habitación y que hasta que no tengamos un texto definitivo no salgamos de esa habitación”, dijo el secretario de relaciones institucionales del PSOE, Antonio Hernando, que compareció junto a la responsable de Economía, Inmaculada Rodríguez-Piñero.
La nueva norma se aplicaría a hipotecas ya firmadas pero no a las familias que están ahora en fase de desahucio. La propuesta del PSOE plantea una moratoria de los desahucios (los bancos, al menos los que hayan recibido ayudas públicas, estarían obligados a negociar con la familia antes de ir a juicio, y durante esa negociación el desahucio se paralizaría), igualar el valor de subasta del inmueble impagado al de tasación original (ahora suele ser bastante inferior), poner límites a los intereses de demora y que las familias puedan pactar con el banco para quedarse unos años en la vivienda pagando un alquiler barato, informa Vera Gutiérrez Calvo. El líder de IU, Cayo Lara, aseguró que el miércoles planteará a Rajoy en La Moncloa su propuesta.
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