El Ayuntamiento de Madrid insiste día tras día en que el pabellón Madrid Arena no precisa de licencia para acoger eventos deportivos, conciertos, o fiestas multitudinarias como la que el pasado 31 de octubre costó la vida a cuatro adolescentes. Según el concejal de Economía, Pedro Calvo, “los edificios municipales no requieren de licencia urbanística, en virtud del artículo 151 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid”. Dicha norma obliga sin embargo al Ayuntamiento a cumplir “los mismos requisitos” que si la necesitase. Y, de acuerdo con un informe de los propios técnicos municipales de Urbanismo, elaborado en 2010, no solo no los cumple sino que además presenta graves deficiencias de seguridad, entre otras, en los pasillos de salida donde sucedió la tragedia.
Por eso, cuando el Ayuntamiento solicitó la licencia en octubre de 2009 para poder privatizar el recinto, le fue denegada. Desistió en abril de 2010, pero el pabellón siguió funcionando pese a conocerse esos fallos de seguridad.
Ahora, el gobierno municipal presidido por Ana Botella (Partido Popular) insiste en que la licencia no es necesaria. Pero ni ellos mismos parecen tenerlas todas consigo, puesto que el pasado 2 de noviembre, es decir, un día después de la tragedia, el área de Urbanismo tramitó una orden para que el expediente de 2009 en el que se pedía la licencia apareciera registrado no como lo que es, un expediente de petición de licencia, sino como “un procedimiento común de consulta urbanística”. Preguntado al respecto, el Ayuntamiento asegura que ese documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, está registrado en el sistema informático con una fecha incorrecta.
El informe por el cual le fue denegada la licencia cuya petición se quiso enmascarar, señalaba una larga lista de “deficiencias concretas” de seguridad. El pabellón era inaccesible para los camiones de bomberos. Los recorridos de evacuación de la pista y la grada media eran insuficientes y había que habilitar “al menos otro acceso más opuesto y alejado del principal y único en cada uno de estos niveles”. Los detectores de incendios estaban a demasiada altura y eran insuficientes. Las barras y asientos eran de madera contrachapada, lo que alimentaría un posible incendio. Las gradas bloquean “casi todas” las salidas de emergencia si se despliegan a nivel de pista, tal y como ha ordenado la alcaldesa hacer.
La explicación del Ayuntamiento la ofreció Paz González, que ahora es concejal de Urbanismo y en el momento de emitirse el informe lo era de Obras, teniendo a su cargo la empresa Madrid Espacios y Congresos, gestora del pabellón. Según dijo este lunes, el recinto cumple la norma vigente en 2001, cuando se construyó. Apeló pues al “principio general de derecho” que establece que “las normas no se pueden aplicar retroactivamente”, para justificar que el pabellón no se ajustara a la ley al hacerse el informe.
¿Por qué no se corrigieron las deficiencias de seguridad una vez detectadas y plasmadas en un documento técnico? “Si tuviéramos que hacer adaptaciones permanentes, estaríamos de obras permanentemente en todos los edificios púbicos y privados, y habría que demoler la mitad de ellos”.
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, pidió una investigación “muy rigurosa” y “lo más rápido posible” para establecer responsabilidades sobre la tragedia, recordando que la ley “es igual para todos”. En 2010 era alcalde el ahora ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Prácticamente toda su plana mayor estaba en el Consejo de Administración de Madrid Espacios y Congresos, que presidía el exdiputado regional Luis Blázquez. Sin embargo, varios exmiembros del consejo, alguno incluso de la oposición, han negado que el informe fuera discutido en ese órgano.
Este lunes, Botella respaldó e hizo suya la gestión de la crisis por parte del vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva, que actúa como su “portavoz y coordinador”. El líder municipal socialista, Jaime Lissavetzky, exigió por su parte que el Ayuntamiento convoque un pleno extraordinario de inmediato para aprobar la comisión de investigación que él pidió y Botella admitió el viernes. Añadió que el Grupo Municipal Socialista se personará como acusación particular para “llegar hasta el fondo”.
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