Mientras gritaban lemas y ondeaban pancartas en protesta por los altos precios de la electricidad, miles de indígenas inermes bloqueaban una carretera en Guatemala.
Llegaron dos camiones de soldados y se escucharon disparos de armas de fuego. El saldo: ocho manifestantes muertos y 34 heridos.
Lo que siguió a este incidente del 4 de octubre no tenía precedentes en este país flagelado por décadas de guerra civil y violencia contra la mayoría indígena, así como por años de impunidad para las poderosas fuerzas militares.
Las autoridades emprendieron las investigaciones de los hechos de violencia y detuvieron a los presuntos responsables.
La fiscal general de la república – ex activista de derechos humanos conocida por su audaz persecución de criminales– envío al menos 175 fiscales e investigadores al lugar de la protesta, donde recogieron casquillos, muestras de sangre y evidencia de ADN.
Otros viajaron a dos hospitales cercanos para entrevistar a los manifestantes heridos y testigos.
En una semana, los fiscales detuvieron a ocho soldados rasos y un coronel a los que fincaron cargos penales.
