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1 ene 2013

En Patones desaparecio toda la documentación oficial del Ayuntamiento

Patones es un pueblo de 500 habitantes ubicado al noreste de la capital, muy cerca del embalse del Atazar. La pizarra de sus casas da nombre a la arquitectura negra de Patones de Arriba, una minúscula localidad turística. Uno de esos edificios es la sede del Ayuntamiento que encabeza Heladio Hernanz Gil (Partido Popular). La única trabajadora municipal con rango de funcionaria es la secretaria general, María Victoria Pérez Serna, que también desempeña las labores de interventora. Ella fue quien denunció el pasado 18 de diciembre en el cuartel de la Guardia Civil de Torrelaguna la desaparición de toda la documentación oficial del Ayuntamiento.
“El 17 de diciembre volvió a su despacho y pudo observar que un cajón estaba descerrajado y que en los armarios no estaba la documentación que tenía guardada”, explica la denuncia, a la que ha tenido acceso este diario. “También había documentación de otros Ayuntamientos”, añade. En relación con Patones, los documentos que faltan pertenecen a expedientes relativos a “la contabilidad, los plenos, juntas de gobierno, oficios, licencias de obras y préstamos, entre otros”.
El agente que redactó la denuncia le preguntó quienes disponen de llave de su despacho. “El Ayuntamiento, pero del cajón solo yo”, respondió. Es por ello que quién se llevó los documentos tuvo que romper la cerradura. Sobre la posible autoría de lo que inicialmente parece una sustracción, la funcionaria dice no sospechar de nadie.
Pero el mismo día del presunto robo, Pérez Serna presentó ante el registro municipal un informe sobre lo acaecido en el que iba más allá: “Todas las carpetas existentes en el despacho de contratación, contabilidad, presupuestos anuales, Cámara de Cuentas, Delegación de Hacienda y operaciones de préstamos han sido archivadas sin haberse comunicado a esta secretaria si le eran necesarias para su trabajo”.
Según este documento, la funcionaria también echó de menos una serie de documentos que se encontraban encima de su mesa y que tenían que ser concluidos, “o seguir con su tramitación”, a la vuelta de las vacaciones. “Los cajones han sido descerrajados y todos los informes han desaparecido y nadie sabe decirle dónde se encuentran”, añade en su informe.
En este sentido, María Victoria Pérez Serna, se lamenta de “la falta de consideración y respeto”, puesto que “la única explicación dada es que el despacho estaba muy desordenado”.
La secretaria general también se lamenta de la imposibilidad de acceder a la documentación, “no sabiendo si está archivada o destruida”. “Y teniendo pruebas de todo ello, lo comunica a fin de que se ponga a su disposición todo lo necesario para su trabajo sin tener que acudir a cada momento a preguntar dónde se encuentra”, concluye.
El pasado 26 de diciembre, la funcionaria comunicó al alcalde que la desaparición de los documentos había tenido sus primeras consecuencias negativas: no se pudo aprobar el presupuesto para 2013, y tampoco se pudo informar sobre la expropiación del cementerio municipal, expediente que debe ser remitido a la Comunidad. La funcionaria tampoco ha podido contestar a otros organismos públicos, como la Cámara de Cuentas autonómica y la Delegación de Hacienda. Y se ha visto obligada a informar de forma negativa al aumento del sueldo de los empleados municipales: “Vista la orden de transferencia, se comprueba una subida en las nóminas sin ningún tipo de procedimiento para ello”. A juicio de la secretaria general, y ante la inexistencia de la documentación, “el Consistorio omitió todos los trámites legales”, por lo que suspende la decisión hasta que se solvente el problema.
Para los socialistas madrileños, la desaparición de los documentos “es un hecho inadmisible en democracia que recuerda a los tiempos de los caciques”. El PSM “exigirá una explicación de los hechos que parecen ser presuntamente delictivos”, indica José Luis García, secretario de Apoyo a Pequeños Municipios. Este periódico no ha podido recabar la versión del alcalde, que acude sólo un día por semana al Ayuntamiento.

Fuente: Elpais.com

22 oct 2012

Con seguridad privada impiden el paso por caminos públicos de una finca de la Casa de Alba


El tránsito por caminos y vías pecuarias que atraviesan la finca Romanillos, en el municipio de Boadilla del Monte, ha sido vetado. Los propietarios, miembros de una de las ramas de la Casa de Alba, han dispuesto guardas privados que impiden el paso por caminos de dominio público. Ecologistas en Acción reclama la actuación de las administraciones públicas para que se cumpla la legislación vigente.
Estos viales ancestrales son de dominio público y de uso regular por parte de vecinos y ganaderos. También se emplean habitualmente para el senderismo, el cicloturismo o la cabalgada. Estas prácticas se ven ahora obstaculizadas por falta de voluntad de los propietarios y por la desidia de las administraciones.
La finca se sitúa dentro del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama. Por tanto, su gestión debe ser supervisada por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que hasta la fecha no ha tomado medida alguna sobre el uso de los caminos públicos de la finca.
Asimismo la ausencia de deslinde y amojonamiento de la vía pecuaria Cordel Segoviano, que atraviesa la finca en sentido sureste-noroeste, supone la indefensión en el uso de este ancho camino ganadero. En este caso es la Comunidad de Madrid la responsable de esta dejación.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, hace caso omiso de la obligación que tiene de hacer inventario de los caminos públicos de su término municipal, como se le recordó hace meses en un escrito elaborado por AMICAMI y Ecologistas en Acción.
Ecologistas en Acción denuncia la actitud amenazante de los miembros de la Casa de Alba titulares de la finca de Romanillos que puede traducirse en situaciones no deseadas para las personas que transiten por la finca. Exige que las administraciones implicadas articulen de forma inmediata los mecanismos para que estos espacios de dominio público puedan ser utilizados según dispone la amplia legislación existente en este ámbito.