Nueve días después del fallo de la Corte Penal Internacional (CIJ) que cedió a Nicaragua una extensa y rica zona marítima en el Caribe administrada por Colombia, el Presidente de este último país, Juan Manuel Santos, materializó ayer la advertencia realizada por su gobierno al anunciar el retiro del Pacto de Bogotá, el tratado a través del cual reconocía la jurisdicción del tribunal de La Haya. Si bien expertos advirtieron que con este procedimiento Colombia no puede evadir la sentencia del principal órgano judicial de la ONU, que es obligatorio y de inmediato cumplimiento, sí buscaría evitar decisiones futuras de ese tribunal en su contra ante eventuales nuevas demandas por parte de Nicaragua y otros países vecinos.
"He decidido que los más altos intereses nacionales exigen que las delimitaciones territoriales y marítimas sean fijadas por medio de tratados, como ha sido la tradición jurídica en Colombia, y no por sentencias proferidas por la CIJ", expresó Santos. "Por eso, en el día de ayer (martes), Colombia renunció al Pacto de Bogotá. El aviso correspondiente fue entregado al secretario general de la OEA", agregó. La renuncia al tratado entrará en vigencia en un año.
Tras reiterar que es el momento de la "unidad nacional", Santos explicó que la decisión se adoptó debido a que la CIJ fija límites "con base en criterios indeterminados de equidad que son aplicados de manera incierta, en perjuicio de los derechos de los estados y de los pueblos". "Nunca más, nunca más nos debe volver a suceder lo que ocurrió con el fallo del 19 de noviembre. Es evidente que este fallo condujo a un resultado manifiestamente contrario a la equidad", subrayó. Asimismo, Santos dijo que la decisión de la CIJ "afecta los tratados de delimitación suscritos por Colombia con otros estados del Caribe" y Centroamérica, entre los que están Jamaica, Panamá, Costa Rica y Honduras. En todo caso, advirtió que con la salida del pacto, "Colombia no pretende separarse de los mecanismos de solución pacífica de las controversias".
En Nicaragua, el representante de ese país ante la Corte de La Haya, Carlos Argüello, enfatizó que la decisión de Colombia de abandonar el Pacto de Bogotá no afecta el fallo de la CIJ. En ese sentido, la canciller colombiana, María Angela Holguín, señaló recientemente que la pretensión nicaragüense era quedarse con 200 millas de plataforma continental, pero la CIJ no le dio la razón "por unos temas de forma". "Eso quiere decir que la posibilidad de que Nicaragua se venga en una demanda posterior buscando la plataforma continental extendida es muy grande", precisó la ministra colombiana. Según la revista bogotana Semana, el anuncio de Santos "parece más una estrategia con la cual el gobierno gana puntos ante la opinión pública" interna.
La decisión de Santos generó reacciones en Chile. "Somos respetuosos de los tratados y no por circunstancias adversas vamos a cambiar nuestra posición. Por eso no compartimos lo que ha hecho Colombia", señaló el senador UDI Hernán Larraín. En tanto, el senador DC Jorge Pizarro afirmó: "Espero que en Chile exista conciencia que lo peor que se puede hacer es desconocer los fallos de los tribunales internacionales".
El tratado suscrito en 1948
El Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, conocido como el Pacto de Bogotá (porque fue suscrito el 30 de abril de 1948 en la IX Conferencia Panamericana que se celebró en la capital colombiana), pretende que las naciones que lo legitiman resuelvan sus conflictos a través de medios pacíficos y reconozcan la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.
El Pacto de Bogotá, que entró en vigor el 6 de mayo de 1949, también obliga a los signatarios a agotar los mecanismos regionales de solución de los asuntos antes de acudir al Consejo de Seguridad de la ONU. Entre los medios de solución pacífica de conflictos considera los buenos oficios, mediación, investigación y conciliación, arbitraje y procedimiento judicial. Solamente 15 países ratifican este tratado, de los 21 que lo firmaron. Argentina, Bolivia, Ecuador, Chile, Perú, Paraguay, EE.UU. y Nicaragua han presentado reservas, con las que se protegen de asuntos que no son convenientes para cada país. El Salvador es el único signatario que se ha retirado del pacto. Lo hizo en 1973, invocando, entre otras razones, la falta de ratificación del mismo por parte de algunos países.
Héctor Sintura
EX ASESOR JURIDICO DE LA CANCILLERIA COLOMBIANA
Héctor Sintura Varela, quien fuera entre noviembre de 1993 y marzo de 2007 jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de RR. EE. de Colombia, considera que un país no es "paria" por retirarse de la jurisdicción del tribunal de La Haya.
¿Por qué el gobierno de Pastrana, y usted estaba ahí, decide acogerse a la CIJ en este diferendo limítrofe, como lo han reprochado varios analistas?
No es que el gobierno haya decidido acogerse a la corte. Una de las opciones del Estado colombiano era no aceptar la jurisdicción, pero la corte rechazó la posición de Colombia y le dijo: "Soy competente, porque su retiro es intempestivo". El asunto es si Colombia se retiró demasiado tarde de la corte.
La corte no reconoció en 2007 el meridiano 82° como frontera. ¿Colombia debió salirse del Pacto de Bogotá?
Hoy lo ideal sería que la corte no haya tenido ninguna fuente de competencia. Pero al pronunciarse en 2007 dijo que sí la tenía.
¿Faltó precaución antes de haberse acogido a la jurisdicción de la corte?
Durante muchos gobiernos, incluso desde los 60, Colombia podía retirarse de la competencia de la corte o denunciar el Pacto de Bogotá y eso nunca se hizo, pues se consideraba una fuente de conflictos. No se pensó que fuera a ser tan grave la situación.
¿Es una opción viable salirse del pacto?
Es válido y no es un paria ante el mundo el país que no admite competencia de la CIJ.
