La última iniciativa del Gobierno del PP en materia de orden público —prohibir la toma de imágenes de policías mientras hacen su trabajo— ha soliviantado a los movimientos sociales, a los partidos de la oposición y a los juristas, que en su mayoría la consideran contraria a la Constitución. Para muchos de ellos, esta suerte de censura persigue el mismo objetivo que otras medidas ya anunciadas, como el endurecimiento del Código Penal: disuadir a los manifestantes en un clima de creciente descontento social.
