Denunciados 26 cargos del PP de León por "obstrucción a la justicia"

El PAL-UL ha denunciado este lunes en el Juzgado de Instrucción nº4 de León a 26 altos cargos del PP de León por presunta obstrucción a la justicia y presunta coacción a un testigo.

El motivo es la carta firmada por estos en la que se llama la atención sobre el "comportamiento preocupante" del procurador en Cortes de su partido, Javier García Prieto, quien ha sido citado por la acusación -también el PAL-UL- para testificar en la investigación sobre el cobro irregular de kilometraje de Isabel Carrasco como consejera de Caja España.

En la misma denuncia, se solicita que se investigue si hay inducción al delito ya que, según ha explicado el secretario local del PAL-UL en San Andrés del Rabanedo, Francisco Gómez, "en la carta hablan de que la figura de este testigo podría ser dolorosa para Isabel Carrasco". "Es difícil que 26 señores decidan después de un comité defender a la presidenta", ha asegurado.

García Prieto está citado el día 21 de enero para testificar. Además, la acusación ha llamado a otros cuatro testigos: el ex alcalde de León, Francisco Fernández; el representante de UGT en Caja España-Duero, Miguel Ángel Álvarez; y dos chóferes de otros miembros del Consejo de Administración de la entidad financiera.

"Miedo" en el PP

Una vez que recibe la citación, García Prieto no tiene opción de elegir si testifica o no. "Está llamado en calidad de consejero de la caja y tiene la obligación de acudir y declarar, independientemente de que pertenezca a un partido", ha explicado el concejal del PAL-UL, quien considera que el PP tiene "miedo". "Parece que ya dan por hecho que lo que declare puede no ser agradable", ha comentado durante la rueda de prensa.

El ex presidente de la institución provincial está citado el día 21 de enero para testificar. Además, la acusación ha llamado a otros cuatro testigos, uno de ellos es el ex alcalde de León, Francisco Fernández; otro el representante de UGT en Caja España-Duero, Miguel Ángel Álvarez y dos chóferes de otros miembros del Consejo de Administración de la entidad financiera.

El PAL-UL, unido y "hasta el final"

El presidente del partido PAL-UL, Pablo Peyuca, ha comparecido junto a Gómez para "demostrar públicamente el respaldo del partido en todas aquellas acciones legales" que este partido lleve a cabo.

Por su parte, Gómez ha asegurado que llegarán "hasta el final" y ha denunciado que desde que iniciaron el proceso en marzo ha recibido "presiones por los pasillos" e intentos de "negociación" por parte del PP, pero se ha mantenido firme. "Yo no negocio lo constitutivo de delito". Por otro lado, ha manifestado que "detrás de esos 26 hay mucha gente que nos anima a seguir".

Los 26 denunciados

Los 26 altos cargos que firmaron la carta son: Eduardo Fernández, secretario provincial y senador; Teodoro Martínez, alcalde de Villadangos del Páramo y diputado; Emilio Orejas, alcalde de Valdelugueros y diputado; José Manuel Moro, alcalde de Encinedo y diputado; Miguel Ángel González, alcalde de Soto y Amío y diputado; Francisco Javier García, alcalde de Sabero y diputado; Jaime González, concejal en Bembibre y portavoz en Diputación; José Antonio Velasco, alcalde de Congosto y vicepresidente de la Diputación; Pedro Muñoz, alcalde de Toreno y procurador en Cortes; Arancha Miguélez, secretaria de Coordinación Parlamentaria y diputada nacional; María Emilia Villanueva, portavoz de Educación en Cortes; Guillermo García, delegado territorial de la Junta en León; Miguel Ángel del Egido, alcalde de Santa María del Páramo y diputado; Pedro vicente Sánchez, alcalde de Puebla de Lillo; Emilio Gutiérrez, alcalde de León; José Manuel Blanco, alcalde de Priaranza del Bierzo y diputado; Gumersindo Castro, alcalde de Santiago Millas; Francisco Rodrigo Carbajal, vicepresidente en Diputación; María del Mar González, procurador en Cortes; Silvia Franco, senadora; Emlio Redondo, alcalde de Sahagún y procurador en Cortes; Fidentino Reyero, procurador en Cortes; Luis Aznar, senador; María Isabel Fresno, alcaldesa de Vegaquemada y diputada; Martín Marcos Barazón, alcalde de Cuadros y vicepresidente en Diputación; y Raúl Valcarce, diputado provincial.

8 activistas antidesahucios, ante el juez por desacato a la autoridad

Ocho activistas antidesahucios serán juzgados esta mañana en los juzgados de plaza de Castilla de Madrid por haber desobedecido supuestamente a los agentes de la Policía Nacional cuando intentaban impedir el paso de la comisión judicial que ejecutaba el lanzamiento de Olga Teresa Cabrero, en el distrito madrileño de Tetuán. Es el segundo juicio de estas características que se celebra en Madrid, según precisa el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de la región, Chema Ruiz. Medio centenar de vecinos, indignados y miembros de la PAH se han congregado esta mañana a las once frente a los juzgados para apoyar a sus compañeros.

Los activistas —que pertenecen a diferentes asambleas de barrio del 15-M y a la PAH— se enfrentan a multas de hasta 24.000 euros, según reza el comunicado que la plataforma ha colgado en su página web. Según el atestado policial, estas ocho personas trataron de evitar el paso de la comisión judicial intentando impedir así que se llevara a cabo el lanzamiento de un desahucio que fue finalmente ejecutado.

El tercer intento de desahucio de Olga Teresa Cabrero, una ecuatoriana 48 años gravemente enferma del pulmón, tuvo lugar el pasado 28 de marzo en el número 4 de calle de Berruguete. Como cualquier otro acto de Stop Desahucios, los activistas intentaron negociar la condonación de la deuda con Bankia, la entidad que concedió la hipoteca para la adquisición de su vivienda. Según relata Isabel, miembro de la asamblea del 15-M de Tetuán que no quiere dar su apellido, fue imposible. "Teresa quería volver a su país natal y pedía quedarse unas semanas más en su casa antes de emprender el viaje para no verse en la calle, pero la comisión judicial no cedió". Una de las activistas encausadas, Felícita Vázquez, ha contado a este periódico que Teresa mostró los volantes médicos que certificaban la enfermedad crónica que sufre —y por la que cobraba una pensión de 600 euros— junto al billete de avión a la comisión, pero sin ningún resultado.

Ante esta negativa, los activistas formaron un cordón para impedir la entrada del edificio de la comisión judicial. Felícita, miembro de la PAH, cuenta que los activistas esperaron la última palabra de Bankia hasta el último momento, cuando aparecieron dos furgonetas de la Unidad de Intervención Policial. En pocos minutos, los antidisturbios empezaron a disolver el cordón. "Pasé mucho miedo al ver cómo mis compañeros lloraban por el fuerte dolor que les provocaba la presión que los agentes les ejercían en las sienes", cuenta esta vecina de Leganés, de 56 años.

Un mes después, Felícita Vázquez y otros siete activistas, recibieron la carta del juzgado de instrucción número 45 de plaza de Castilla, que les notificó su imputación por desobediencia a la autoridad. Esta mañana a las once, la PAH de Madrid y varias asambleas del 15-M harán una concentración en la plaza de Castilla, donde al mediodía se celebrará el juicio.