La Junta de Extremadura tiene abiertos 764 expedientes de desahucios de viviendas sociales que pertenecen a la propia Junta. Tras la probación del decreto del Gobierno de medidas contra los desalojos, que el PSOE ha calificado de insuficiente, los socialistas extremeños han exigido al presidente de Extremadura, José Antonio Monago, que paralice los expedientes abiertos para estas viviendas sociales. “Hay 764 familias con el alama en vilo sin saber si mañana van a tener una casa donde estar con su familia”, ha señalado la portavoz del PSOE extremeño, Isabel Gil.
Por su parte, el parlamentario autonómico de IU, Víctor Casco, ha alertado de la "frialdad" con la que el Gobierno Regional está atendiendo los casos de desahucios y ha anunciado que los dirigentes de Izquierda Unida se encerrarán con los vecinos si se llevan a cabo las ejecuciones de desahucio.
Tanto Gil como Casco han apelado al cumplimiento de un acuerdo que se aprobó en la Asamblea de Extremadura el pasado 26 de julio, que salió adelante con los votos del PSOE e IU, por el que se reclamaba a la Junta que paralizara los desahucios de viviendas sociales. El PP votó en contra alegando que la gestión de los desalojos se estaba realizando con “criterios de justicia” pero que también respondían a criterios sociales”.
El caso es que, tal como ha informado la Consejería de Fomento esta misma semana, la Junta de Extremadura ha recuperado 38 viviendas sociales solo en la provincia de Badajoz que, según alegan, “estaban usándose indebidamente por inquilinos no autorizados”. Y el que los populares sostienen que los desalojos no se están produciendo solo por impagos sino que a estos se unen otras circunstancias. En algunos casos, esas circunstancias son la ocupación de viviendas libres.
