Es el tercer año consecutivo que se celebra, pero el primero en el que el homenaje a las víctimas del terrorismo de ETA tiene lugar después del cese definitivo de la violencia de la banda terrorista. El acto que este miércoles acogerá el Congreso de los Diputados estará, sin embargo, lejos de la unidad parlamentaria que caracterizó los de años anteriores. De una parte, la recién llegada Amaiur se niega a participar en un homenaje que no recuerda a "todas las víctimas" del conflicto vasco. Y, de otra, el tributo estará marcado por un nuevo cuestionamiento del mandato de las urnas por parte del PP. Los conservadores han vuelto a amenazar a Bildu y a la propia Amaiur con ilegalizar sus siglas -respaldadas masivamente por los vascos en las últimas citas electorales- por sus críticas a las últimas detenciones de miembros de ETA.
La fecha, el 27 de junio, fue elegida por los diferentes partidos políticos representandos en el Congreso en 2010, porque coincide con el día en el que ETA, en 1960, asesinó a la bebé Begoña Urroz, considerada la primera víctima de la organización terrorista. Pero los términos en los que se ha convocado el acto de homenaje no han convencido a Amaiur, que tan sólo acumula seis meses de experiencia parlamentaria tras obtener representación en la Cámara Baja, por primera vez, en las elecciones del pasado 20 de noviembre.
Al acto tampoco acudirán asociaciones de víctimas molestas con la legalización de Sortu
"Abogamos por integrar a todas las víctimas en ese reconocimiento", ha afirmado el portavoz de la coalición independentista Xabier Mikel Errekondo, en los pasillos del Congreso. Posteriormente, fuentes de Amaiur han lamentado que se trate de un tributo "parcial" que "no aúne a todas las víctimas del conflicto vasco". Por esta razón, la formación vasca ha decidido convocar su propio acto de homenaje. Lo hará lejos de la Cámara Baja. Sus diez parlamentarios -siete diputados y tres senadores- presidirán el tributo bajo el árbol de Gernika, donde leerán un manifiesto y guardarán un minuto de silencio.
El programa es similar en el acto del Congreso, al que acudirán todos los partidos con representación parlamentaria, excepto Amaiur, y al que tampoco asistirán algunas asociaciones de víctimas, en protesta por la reciente legalización de Sortu. A las 13.30, el presidente de la Cámara, el conservador Jesús Posada, leerá una declaración institucional consensuada y, a continuación, todos los asistentes estarán en silencio durante un minuto, en recuerdo a los asesinados por ETA.
"Las debilidades del Estado"
El PP no se ha extrañado de la ausencia de la coalición independentista. Es más, el portavoz parlamentario de los conservadores, Alfonso Alonso, ha asegurado que prefiere que Amaiur no esté en el acto porque, ha dicho, su presencia sería "desagradable". Los conservadores ven, además, nuevos argumentos para pedir su ilegalización. Pero también la de Bildu, marca que conforman EA, Alternatiba y la izquierda abertzale, y que gobierna numerosos ayuntamientos vascos, así como la Diputación de Gipuzkoa.
"No es la primera vez que Amaiur critica unas detenciones", apunta la coalición
Las dudas sobre la legalidad de ambas siglas ya las había puesto encima de la mesa el lunes el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, después de conocer que el Ayuntamiento de San Sebastián (Bildu) había subvencionado un documental sobre la situación de los presos de ETA y de sus familias. Pero, este martes, las pretensiones del Ejecutivo las perfiló Alfonso Alonso, que ha asegurado que "ha empezado a avanzar el contador" de la ilegalización, después de que Errekondo criticara las últimas detenciones de supuestos miembros de ETA.
Fuentes de Amaiur han explicado que la estrategia del PP no es más que "una cortina de humo" para que no se hable de la situación económica. "El ministro del Interior planteó la ilegalización el mismo día en el que el Gobierno solicitó el rescate de la banca", han advertido esas fuentes. Y, además, han denunciado que el cuestionamiento de la legalidad de la izquierda abertzale "demuestra las debilidades del Estado", ya que "no es la primera vez que Amaiur critica unas detenciones" y afirma "que no ayudan a la solución del conflicto", pero sí es la primera ocasión en la que los conservadores piden su ilegalización por esa razón.
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