Con el testimonio de Miriam I. López, detenida por soldados el año pasado en Tijuana, comienza el informe de Amnistía Internacional que se presenta este jueves en la capital mexicana para denunciar el aumento de torturas durante el Gobierno de Felipe Calderón.
A Miriam la detuvieron en un cuartel de Tijuana, la acusaron de tráfico de drogas y durante su interrogatorio la sometieron a agresión sexual, asfixia, posturas en tensión y amenazas para obligarla a firmar una confesión. Finalmente un juez ordenó su liberación por falta de pruebas.
Decenas de casos más completan el informe 'Culpables conocidos, víctimas ignoradas. Tortura y maltrato en México' que se presenta este jueves en la capital. Según Amnistía en el transcurso del sexenio del presidente Felipe Calderón aumentaron 950% el número de denuncias por torturas recibidas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En 2007, hubo cuatro denuncias de tortura y el año pasado 58. La gran mayoría de torturas y malos tratos realizadas por policías estatales o municipales.
En los últimos años, 60.000 personas han muerto por la disputa territorial entre los cárteles de la droga. Sin embargo el estudio de la organización aporta un dato más que hasta ahora parecía sólo reservado para Colombia después de medio siglo de guerra: el Gobierno de Calderóntermina con 160.000 desplazados por la violencia de los cárteles y las operaciones de la Policía y el Ejército.
El Instituto Nacional de Estadística publicó que entre 2006 y 2010, en la jurisdicción o fuero federal hubo un procesamiento, pero ninguna sentencia condenatoria por tortura.
Mujeres y migrantes los más débiles
Amnistía Internacional denuncia que la violencia contra las mujeres sigue siendo práctica generalizada en México. Los responsables de tortura, incluida violación, asesinato o secuestro de mujeres y niñas raras veces son llevados ante la justicia. El más notorio de estos casos es la sucesión de secuestros y homicidios de mujeres y niñas cometidos en Ciudad Juárez desde 1993 hasta hoy día.
En la histórica sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de 'Campo Algodonero' se declaró a México responsable de no haber protegido la vida de tres jóvenes y de torpedear la investigación.
Para AI aunque las autoridades han tomado algunas medidas importantes para mejorar la prevención de la violencia contra las mujeres, "tales medidas no han servido para poner fin a la violencia generalizada contra las mujeres y las niñas" en el estado de Chihuahua, uno de los más violentos del país.
Según organizaciones locales de DDHH, "en 2010 mataron a más de 320 mujeres en Ciudad Juárez, y hay decenas más en paradero desconocido, se teme que secuestradas. Entre abril de 2011 y abril de 2012 se descubrieron los restos de 17 jóvenes en el distrito de Valle de Juárez, a la afueras de Ciudad Juárez".
Según la organización de Derechos Humanos los emigrantes son otro de los grupos más débiles. "Decenas de miles de migrantes irregulares intentan cruzar México todos los años de camino a la frontera estadounidense. Millares son víctimas en el camino de secuestro, violación, palizas y asesinato a manos de bandas criminales, que a menudo actúan en connivencia con funcionarios públicos".
Funcionarios públicos implicados
Según la CNDH, en 2010 fueron secuestrados sólo en un semestre 11.000 migrantes, y "muchos sufrieron graves malos tratos en situaciones en las pudo haber funcionarios públicos implicados".
La policía municipal ha sido acusada a menudo de entregar a personas migrantes a bandas criminales, que las someten a tortura para conseguirnúmeros de teléfono de familiares suyos en Estados Unidos o en Centroamérica, a los que se obliga a su vez a pagar por ellas para que no las asesinen, las hagan desaparecer o las mutilen.
Raras veces se hace rendir cuentas a las bandas criminales y a los funcionarios públicos implicados en estos abusos. "Amnistía Internacional no conoce un solo caso en que se haya procesado a agentes de policía u otras fuerzas de seguridad por tortura o malos tratos a migrantes, pese a haber testimonios de testigos presenciales de su participación".
Tras una visita que realizó a México en 2010, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias puso de relieve la falta de investigaciones adecuadas de las denuncias de desaparición forzada y secuestro. Había recibido información según la cual seguía sin conocerse el paradero de alrededor de 3.000 personas que habían sido víctimas de secuestros perpetrados por bandas criminales o de desapariciones forzadas.
El informe concluye que el Gobierno de Felipe Calderón ha dado prioridad a la seguridad pública y a la lucha contra la delincuencia organizada, pero en la práctica esta preferencia ha supuesto hacer la vista gorda ante violaciones generalizadas de derechos humanos.
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