El asunto se ha convertido en una trama propia de John Le Carré, con lobbying, grandes sumas de dinero y ahora también robos y podría causar grandes apuros al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso.
Según una investigación de la OLAF (el organismo europeo contra el fraude), un tal Silvio Zammit, un empresario maltés, habría propuesto a Swedish Match, un fabricante sueco de cigarros y tabaco de mascar, modificar la directiva sobre el tabaco a cambio de un sobre con... 60 millones de euros. El informe de la OLAF se presentó a José Manuel Durao Barroso el 15 de octubre. El día 16, la Comisión Europea anunció mediante un comunicado que el comisario John Dalli, encargado de la legislación sobre el tabaco, “presentaba su dimisión” tras esta investigación. El 17 de octubre, la Comisión Europea abrió su sala de prensa, algo que hace en contadas ocasiones, al director general de la OLAF, Giovanni Kessler, que transmitió a los corresponsales europeos los detalles de esta investigación.
La consecuencia inmediata de esta dimisión es que la adopción del proyecto de directiva sobre los productos del tabaco por parte de la Comisión Europea se suspende sine díe ante la falta de un comisario capaz de asumir "la responsabilidad política". Pero precisamente el 22 de octubre el texto debía entrar en su fase final de preparación y su adopción se preveía en las siguientes semanas.
Las organizaciones europeas de la lucha contra el tabaco dieron de inmediato la voz de alarma. SmokeFree Partnership (SFP), un lobby anti-tabaco, ve en la dimisión del comisario “un acontecimiento muy inoportuno”, según su directora Florence Berteletti Kemp. Puesto que la adopción de la directiva lleva retrasándose mes a mes desde hace más de un año, los activistas anti-tabaco ven cómo se disipan las posibilidades de que se adopte en la legislatura que concluye en 2014. Tras la adopción del proyecto en el colegio de comisarios, queda por delante un largo proceso legislativo que finaliza en el Consejo de ministros y en el Parlamento Europeo, antes del voto final.
El 18 de octubre, a los colaboradores de SmokeFree Partnership (SFP) les esperaba una desagradable sorpresa al llegar al número 49-51 de la calle Trêves, en pleno barrio europeo: alguien había entrado en sus oficinas por la noche. Habían desaparecido varios ordenadores y habían hurgado en los informes.
De la veintena de organizaciones presentes en el inmueble, sólo entraron en las oficinas de tres de ellas: las de SFP, las de European Public Health Association y las de European Respiratory Society. Estas ONG mantienen una guerra abierta contra las multinacionales del tabaco, a las que acusan de “bloquear, modificar y retrasar” la nueva legislación, tal y como señalan en el título de un informe de cientos de páginas sobre la acción de lobby de la industria del tabaco, encargado por la SFP junto a varias organizaciones de lucha contra el cáncer.
Según los primeros elementos de la investigación, los malhechores también lograron burlar el sistema de vigilancia. Entraron en el inmueble de ocho pisos por el tejado, descendieron por la fachada y accedieron por los balcones, para salir posteriormente por la entrada con al menos una decena de ordenadores portátiles bajo el brazo.
Desde que se cometió este robo, el escándalo político no deja de aumentar. Tras el anuncio de su dimisión espontánea, el excomisario John Dalli da a entender que le obligaron a dejar su cargo. “Me dejaron la puerta abierta y tenía que salir por mí mismo o a la fuerza”, contó esta semana al sitio web euractiv.com. Según la Comisión, fue John Dalli quien "presentó" la dimisión al presidente Barroso, “ante testigos”.
En los últimos meses, el proyecto de directiva se ha bloqueado varias veces, sobre todo a petición del Servicio Jurídico y de la Secretaría General de la Comisión, lo que ha provocado la ira de varios países, sobre todo la de Irlanda, tradicionalmente en la vanguardia de la lucha contra el tabaco.
John Dalli había advertido en abril de 2012 que el proyecto sería muy firme, para satisfacción de las organizaciones anti-tabaco. Según las escasas filtraciones a la prensa, las propuestas preveían el mantenimiento de la prohibición del snus, el tabaco de mascar producido por el grupo sueco Swedish Match, cuyo consumo sólo está autorizado en Suecia a título derogatorio. Swedish Match, vinculada desde 2009 al grupo Philip Morris, se encuentra en el origen de la denuncia contra el comisario Dalli. Este último también iba a atacar las acciones de marketing de los gigantes del tabaco, que apuestan por la estrategia de utilizar paquetes “joya” con formas originales para atraer al público femenino. El proyecto del texto habría impuesto finalmente el concepto de "plain packaging", es decir, un embalaje neutro y poco atractivo, así como la prohibición de mostrar expositores visibles en ciertos estancos o quioscos.
En mayo de 2012, Swedish Match presentó su denuncia por tentativa de corrupción. La OLAF, cuyas investigaciones duran fácilmente varios años, trató el asunto con una celeridad poco común, ya que el informe final se presentó oficialmente al presidente de la Comisión cinco meses más tarde. El informe, que no es final, no establece “ninguna prueba de la participación” del comisario, precisa el comunicado de la Comisión del 16 de octubre.
Un portavoz aseguró el miércoles que la Comisión presentará el proyecto de directiva “en las próximas semanas”, pero habrá que esperar al nombramiento del sucesor de John Dalli. Para los activistas anti-tabaco, ahora son más escasas que nunca las posibilidades de que el texto llegue al final del examen legislativo antes de que acabe del mandato de la Comisión y del Parlamento. Si el proyecto pasara a la próxima legislatura, la industria del tacaco habría ganado al menos un año antes de la aplicación de las medidas restrictivas planteadas. Un año más, porque en principio, el proyecto de texto se había anunciado para el verano.... de 2011.
No hay comentarios:
Publicar un comentario