Dos difíciles preguntas desafían a electores y partidos ante las elecciones catalanas del 25-N. La primera deriva de la gran crisis socioeconómica y, a la vez, de las traumáticas políticas gubernamentales que pretenden contrarrestarla con grave daño para los derechos sociales de los más débiles y en último término para la economía productiva del país. La segunda pregunta arranca del grave enfrentamiento entre dos proyectos políticos contrapuestos: la defensa del statu quo constitucional asumida en España por una potente mayoría política y la reclamación de un cambio profundo de este statu quo, reivindicado -con todas sus variantes- por una amplia y creciente mayoría en Cataluña.
Son dos interrogantes de enorme envergadura que nadie puede eludir a estas alturas. Están abiertos ya desde hace demasiados años: desde que estalla la crisis de un modelo económico insostenible manejado por el capitalismo financiero y desde que fueron solemnemente rechazadas las insistentes demandas catalanas de actualizar el pacto constitucional de 1978. La coincidencia temporal de ambos desafíos no es excusa ahora para ocultar una cuestión y concentrarse solamente en la otra. Las futuras elecciones no serán únicamente un plebiscito virtual sobre una propuesta “soberanista” para salir del callejón sin salida constitucional. Pero dichas elecciones tampoco podrán reducirse solo a un pronunciamiento sobre la política de recortes y el injusto modelo de desigualdad y de pobreza que dichas políticas está consolidando para muchos años.
La cita electoral plantea, pues, una doble alternativa. ¿A favor o en contra de políticas gubernamentales que llevan a la demolición más o menos camuflada de todo un sistema de derechos sociales y económicos? ¿A favor o en contra de que los catalanes puedan optar democráticamente entre la congelación de su actual forma de gobierno y una reforma radical de la misma? Estas son las dos preguntas que piden ahora respuesta electoral.
Corresponde, por tanto, a los partidos que solicitan el voto clarificar sus posiciones. En ambas cuestiones. Es probable que haya fuerzas políticas que no revelen sus respuestas en una de ellas o en ninguna de las dos. Porque no saben qué decir, porque no quieren decirlo o porque no quieren decirlo abiertamente. En este caso, los electores no deberían otorgarles su confianza. Otras formaciones pueden inclinarse por dar respuesta categórica a una de las preguntas, pero dejando la otra en la penumbra o en la ambigüedad: tampoco puede confiarse en ellas porque el momento no permite que quienes se postulan como futuros dirigentes del país intenten enmascarar sus intenciones sobre ninguna de las dos graves cuestiones que tiene pendientes.
Finalmente, pueden darse candidaturas que expresen de forma razonablemente precisa cuál es su posición en ambos temas: son las que deberían contar con la adhesión de los ciudadanos. Serán posiciones diversas y contrapuestas, pero reflejarán con mayor precisión el pluralismo de la sociedad catalana. El elector deberá estar particularmente atento para detectar qué partidos intentan escamotear una definición de su proyecto en la doble dimensión del escenario político actual. Y para ello se hará necesario superar la desgana que provoca el pobre espectáculo de las campañas.
Pero la ocasión exige dominar dicha desgana. La coyuntura reclama responsabilidad a todos. También a los ciudadanos. Después de las elecciones del 25-N, la tarea a gestionar será de una magnitud y de una dificultad sin comparación con la de los últimos treinta años, tal vez superior incluso a la de la primera legislatura del parlamento catalán. Cataluña se enfrentará probablemente a un itinerario político y socioeconómico de alcance histórico que repercutirá sin duda en toda España. En el curso de dicho itinerario se evitará o se consumará la liquidación de importantes avances sociales, gravemente erosionados ahora por los planteamientos neoliberales dominantes. Y de manera simultánea se abrirá una complicadísima negociación para definir un nuevo proyecto de Cataluña como sujeto político que satisfaga a la mayoría de sus ciudadanos. Confiar ambas responsabilidades a fuerzas políticas que no hayan revelado con claridad suficiente sus respectivas hojas de ruta sería votar a ciegas y comportaría una dimisión colectiva de consecuencias destructivas para el futuro de Cataluña y para los derechos de sus ciudadanos.
Josep M. Vallès es catedrático emérito de Ciencia Política (UAB)
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