Asi fue la atencion del SAMUR la noche de la tragedia del Madrid Arena

El Samur, a las amigas de las víctimas del Madrid Arena: 'Tendréis que sacarlas como podáis'

Si me embargan se llevan la casa y mi cadaver dice anciana proxima al desahucio

Suicidios a lo bonzo
Desahucios
Salvando bancos
Indultando a mossos culpables para la justicia
Regalando Ipad a politicos
Pagando 1 Euro por Receta
Gastando 3.000.000 de Euros en traer a un ppero de Cuba
Abandonando a una españolal enferma en Argentina
Pagando viajes inservibles de Mariano Rajoy
Permitiendo "extraños robos" de drogas incautadas
Manteniendo una monarquia que roba, miente y escapa de la justicia
Ahhh me olvidaba....

Feliz 2013 España

España amenaza: "O nos rescatan o hundimos Europa" - Somos la lacra de europa gracias a Rajoy

Miguel Angel Flores cree que los jueces de Madrid son tontos

Miguel Ángel Flores, el promotor de la fiesta Thriller Music Park que se celebró en Halloween en el Madrid Arena dejando cinco víctimas, negó ante el magistrado Eduardo López Palop que hubiera tratado de esconder las entradas en un edificio aledaño, al mismo tiempo que le explicó que la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos (Madritec) autorizó y utilizaba el recinto, denominado Satélite, para almacenar todo el equipamiento tras la celebración de la fiesta, según indica una nota difundida por el empresario a los medios de comunicación. Flores informó inicialmente de que había vendido menos de 10.000 entradas, aunque el recuento de la policía tras la petición del magistrado que instruye el caso demostró que la venta había superado las 16.000.
Flores, que fue detenido el jueves por la tarde por los agentes del Grupo V de Homicidios ante un inminente riesgo de fuga a Panamá o Ecuador –países en los que tiene empresas–, salió libre tras abonar una fianza de 200.000 euros. “Esta autorización se solicitaba por razones prácticas, ya que Diviertt [la empresa de Flores] iba a celebrar el 8 de noviembre el festival llamado Boys Noize en el recinto Madrid Arena. Para este segundo evento, los organizadores tenían previsto comenzar la instalación y decoración de todo lo necesario el día 5 de noviembre. De esta manera, almacenando todos los materiales en el Satélite, se evitaban transportes innecesarios”, explica un comunicado difundido por la organización del festival.
Además, el responsable de Diviertt declaró ante el juez que ni él ni ninguno de los miembros de su equipo de profesionales disponía de llaves de este recinto aledaño. Según su declaración, solo el personal de Seguriber [la empresa de seguridad contratada por el Ayuntamiento de Madrid] podía entrar en el Satélite. “Por ello, no tiene ningún sentido que se esté difundiendo una supuesta operación, ordenada por él y dirigida a ocultar las urnas. El vídeo en el que se basan dichas afirmaciones, muestra el momento en el que Miguel Ángel Flores y Francisco del Amo, responsable de Madridec, están a la espera de la llegada de las autoridades a la enfermería, ubicada a aproximadamente unos 20 metros del lugar donde se encontraban ellos dos”, destaca el comunicado del festival. Flores defiende que el vídeo, difundido por el diario EL MUNDO, es “un señuelo para distraer la atención sobre otros imputados” tras el resultado de la inspección ocular en el recinto Madrid Arena el pasado 26 de diciembre.

Fuente: Elpais.com

Ana Botella responde sobre que hizo el 2012 aparte de irse al SPA claro...

>> Alcaldesa. La sentó al frente del Ayuntamiento de Madrid la succión provocada por el vacío súbito de Alberto Ruiz-Gallardón al poner pies en polvorosa al Ministerio de Justicia sin mirar atrás. Solo Gallardón parecía confiar en su valía, y un año después Ana Botella (PP) ha confirmado por qué: mejor gestora que política, trabajadora incansable aunque apenas le luzca, la hasta entonces esposa de José María Aznar y ahora alcaldesa ha ido madurando a marchas forzadas en el puesto, creciendo por encima de cada golpe que recibía pero siempre por debajo del siguiente, cultivando el trato directo con los ciudadanos en la calle hasta que la calle se le puso en contra, y cumpliendo sin revolverse aquello para lo que fue designada no por las urnas sino por su partido: pagar las facturas de Gallardón sin chistar.

 El Ayuntamiento de Madrid —como todos— está intervenido económicamente por el Gobierno, lo que ha dejado a Botella sin apenas margen de maniobra. Y la tragedia del Madrid Arena le ha robado definitivamente la iniciativa y ha colocado el grueso de su gestión bajo sospecha, pese a que prácticamente todo (incluido su equipo de Gobierno) es herencia o consecuencia de Gallardón. A la alcaldesa, que no cuenta ya ni con el respaldo público de su partido, le ha tocado pagar la cuenta.

>> Basura. Botella ha ejecutado el proyecto de Gallardón de agrupar los contratos de servicios públicos (farolas, limpieza, parques, etcétera) para ahorrar y vigilar mejor su calidad. El más importante este año era el de recogida de basuras, pero quedó desierto tras motivar una huelga de tres días. Ese contrato preveía dejar de recoger los residuos en domingos y festivos, medida que ha sido aparcada al menos un año.

>> Cuentas. Gallardón gastó en obras 9.800 millones de euros entre 2003 y 2011. Quedan por pagar 6.641 millones. “Nos hemos comido parte del futuro de la siguiente generación, tenemos que hacer la digestión lo más rápido posible”, explicó hace días Botella, que jamás ha señalado de forma directa a su predecesor. Lo más rápido posible
significa que dentro de 10 años la ciudad aún deberá 1.600 millones. La deuda de Madrid no es desmesurada si se compara con su capacidad para generar ingresos o se divide por el número de habitantes. Le superan de largo todas las autonomías, el Estado y decenas si no cientos de ciudades de todo color político. Pero la prohibición del anterior Gobierno (PSOE) de aplazar su pago y la imposición del actual (PP) de abonar de una tacada las facturas pendientes a proveedores ha asfixiado las cuentas municipales, obligando a aprobar varios planes de ajuste sucesivos que han dejado la ciudad funcionando al ralentí.
>> Desahucios. Botella ha finiquitado la construcción de vivienda protegida; y ha aprobado la venta de cuatro bloques alquilados a personas de escasos recursos (en su mayoría, ancianos), diseminando a 120 familias por otros barrios. Ha querido vender además varios edificios oficiales, en su mayor parte sin éxito por falta de compradores.

>> Eurovegas. El Ayuntamiento parece haberse salido con la suya: el proyecto de Sheldon Adelson se construirá presumiblemente en Alcorcón (o Paracuellos), y la capital se verá beneficiada por la creación de empleo sin perdonar impuestos.

>> Fiesta de Halloween. La muerte de cinco jóvenes en el pabellón Madrid Arena obligó a dimitir al edil Pedro Calvo, tiene al albur de la investigación del juez a varios miembros más del Gobierno local, y ha dejado muy tocada la imagen de la alcaldesa, que decidió marcharse apenas horas después de la tragedia a un balneario portugués. La ciudad va de sobresalto en sobresalto por las actuaciones municipales para ponerse al día en materia de seguridad tras años de laxitud administrativa.

>> González. La exigua tregua de nueve meses en las batallitas diarias de Comunidad y Ayuntamiento se diluyó cuando Aguirre, amiga de Botella, cedió el Gobierno regional a Ignacio González. Entraron alcaldesa y presidente con mal pie por la falta de respaldo expreso de ella a las aspiraciones de él de heredar también el liderazgo del PP regional. Botella le pegó una patada al tablero al respaldar con su firma las protestas del sector sanitario contra González. La Comunidad respondió negándole el pan y la sal tras la tragedia del Madrid Arena, una estrategia (más defensiva que otra cosa) a la que se sumó la tercera autoridad en discordia, la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes.

>> Incendio de la M-30. Los tres sucesos se encadenaron en apenas un mes: el 21 de septiembre, los altercados en el festival MTV (60 heridos y 11 detenidos), que el Ayuntamiento admitió no haber sido capaz de evitar; el 26 de octubre, un fuego en los túneles de la M-30 que costó la vida a dos trabajadores y desnudó graves carencias de seguridad; y el 1 de noviembre, el Madrid Arena.

>> Juegos Olímpicos. Botella ha mantenido con la cabeza muy fría (y menguante respaldo ciudadano) la aventura sentimental en la que Gallardón metió a Madrid en tres ocasiones. Presume de no gastar apenas dinero (aunque la partida olímpica superará el gasto en polideportivos en 2013) hasta saber el desenlace en septiembre. Entre tanto, la mudanza del Atlético de Madrid a La Peineta está en el aire por decisión judicial; y la Caja Mágica (que costó casi 300 millones) ha vuelto a quedarse sin inquilinos tras ponerse a los pies del equipo de Fórmula 1 HRT, ahora en liquidación. Sólo se ha salvado la ampliación el Santiago Bernabéu.

>> Las Artes. El responsable de la cultura municipal, Fernando Villalonga, llegó en enero despotricando sobre supuestas corruptelas del equipo anterior, de la máxima confianza de Gallardón, y ha terminado el año con un expediente de regulación de empleo abortado a última hora tras fuertes protestas sindicales. Entre tanto, ha prometido poner patas arriba la cultura de Madrid, sin apenas propuestas concretas a excepción de cubrir la falta de dinero con patrocinios privados.

>> Música. El precio de las escuelas municipales de música se ha triplicado, expulsando a muchos alumnos. Pero también han subido los parquímetros, el IBI, polideportivos y talleres culturales...

>> Negro. De luto se vistieron los funcionarios municipales por los recortes salariales del Gobierno. El Ayuntamiento ha hecho equilibrios para tocar lo menos posible su sueldo, y las protestas no han sido notables. Pero queda pendiente la restructuración de organismos y empresas municipales, que tienen 3.500 empleados. La alcaldesa se ha cuidado de negar que vaya a haber despidos.

>> Prostitutas. Botella prometió un plan social contra la prostitución que lleva meses congelado. Prepara también una ordenanza para regular esa y otras materias de convivencia (mendicidad, gorrillas, acampadas en la calle). Promete no multar a los meretrices, como propugna el Gobierno.

>> Quioscos. Botella renovó la concesión de los puestos de El Retiro entre protestas de los empresarios que llevaban décadas explotándolos. Quiso hacer lo propio con la terraza del café Gijón, pero en esta ocasión la presión social sí permitió conservar el negocio a sus dueños. Ha prometido sembrar de terrazas las plazas del centro y del área de las cuatro torres. En Sol, el Ayuntamiento prometió además árboles por encima de sus posibilidades.

>> Real. La Cañada sigue esperando un plan regional que debía estar listo en septiembre y del que nada se sabe aún, a cinco meses de que venza el plazo impuesto por Aguirre para solucionar el tema con consenso. Botella, por su parte, no ha logrado avanzar en El Gallinero, y ha dejado a su suerte Puerta del Hierro.

>> Social. Prometió no recortar en servicios sociales, y aunque lo ha hecho (escondiendo el grueso del ajuste en la atención directa de los distritos), sí ha protegido esa partida.

>> Trabajo. Gallardón ganó las elecciones en junio de 2011 con la promesa de impulsar la creación de 150.000 empleos. Desde entonces, sólo se ha destruido empleo. Con Botella se han sumado 27.100 personas a la cola del paro (ya son los 254.700), a un ritmo superior que en el resto del país. Casi 95.000 llevan dos años sin trabajo, y 127.776 no reciben prestaciones, según denuncia el líder municipal socialista, Jaime Lissavetzky.

>> Urbanismo. Su gran proyecto, el nuevo plan general, no verá la luz hasta 2015, pero antes deberá solventar el revés judicial a las artimañas legales de Gallardón, que ha dejado en el aire la mayor parte del crecimiento de la ciudad en la última década. La inversión en infraestructuras está paralizada, y con ella las peatonalizaciones. Sólo se ha salvado el carril bici del centro.

>> Voluntarios. Su primera bofetada. Botella nunca ha explicado si su apuesta por colocar a voluntarios en puestos que corresponden a funcionarios fue un desliz dialéctico o una idea política abortada por el escándalo.

>> Taxi. El Ayuntamiento ha renovado la vetusta ordenanza del sector: tarifa fija al aeropuerto, ESO obligatoria para los nuevos conductores... La norma discrimina a los enfermos de sida. A última hora, se cayó la prohibición de usar chanclas en verano.

>> ZPAE. Botella ha aprobado una norma para reducir el ruido de bares y restaurantes en el centro que no ha gustado ni a vecinos ni a hosteleros. Además, presume de un recorte del 11% en las emisiones contaminantes de los coches, aunque el veredicto corresponde a la UE.
Lo que ha sucedido este año
Diciembre. Ana Botella (PP) tomá posesión el 27 de diciembre de 2011 de un Ayuntamiento hipotecado por la enorme deuda heredada de los ocho años de Gobierno municipal de Alberto Ruiz-Gallardón (PP). Pierde además a los pilares políticos del anterior alcalde: Manuel Cobo, vicealcalde (que se retira a un segundo plano político); y Juan Bravo, concejal de Hacienda (que marcha como subsecretario de Gallardón en el Ministerio de Justicia).

En su primer discurso, Botella refrenda el proyecto olímpico, promete austeridad y pone el énfasis en los servicios a los más desfavorecidos. Coloca como vicealcalde a Miguel Ángel Villanueva, hasta entonces responsable de Economía, y crea una superárea de Medio Ambiente, Movilidad y Seguridad que concentra la mitad del gasto municipal. Además, recorta altos cargos.

Enero. El Ayuntamiento elimina la mayoría de cabalgatas de distrito por falta de fondos y para potenciar el desfile central. En la Cañada Real, propone regularizar una parte y derribar el resto. La contaminación sigue por encima de los límites legales, pero pese a ello se niega a adoptar medidas que restrinjan el tráfico. En su primera reunión con Esperanza Aguirre, Botella se muestra prudente ante el entusiasmo de la presidenta regional por Eurovegas.

A final de mes se enfrenta a su primera crisis, al desvelar EL PAÍS que funcionarios del área de Movilidad empleaban para fines privados los vehículos municipales para reparar semáforos, que les servían de coche oficial, según admite el concejal Pedro Calvo. Además, provoca escándalo su petición de voluntarios para sustituir el trabajo de funcionarios en las bibliotecas municipales.

Febrero. Se desvela el logotipo de la candidatura de Madrid 2020, entre críticas y preocupación por la falta de apoyo ciudadano. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid bloquea la Operación Calderón y, por ende, la construcción del estadio olímpico de La Peineta, lo que enfrenta por primera vez a Aguirre y Botella; finalmente, la alcaldesa recurre al Tribunal Supremo. La capital presenta su informe técnico al Comité Olímpico Internacional, que prevé más de 1.500 millones de gasto y cuatro nuevas estaciones de metro; la contaminación, el dopaje y el terrorismo lastran la candidatura.

El Ayuntamiento alquila la Caja Mágica por cinco años al equipo de fórmula 1 HRT, que apenas dura como inquilino hasta final de año. Y renueva las concesiones de los quioscos de El Retiro entre grandes protestas. Aprueba un plan de calidad del aire que sube los parquímetros, y un plan de protección acústica para reducir el ruido en el centro de la ciudad. Además, sufre carcoma en el flamante centro cultural Conde Duque.

El Gobierno central aprueba el primer plan de ajuste municipal, lo que le permite ponerse al día en el pago a proveedores, con los que acumulaba una deuda comercial de más de 1.000 millones de euros. El vicealcalde promete que no se subirán los impuestos, algo que ocurrirá en apenas diez meses. Además, el Tribunal Supremo sentencia que el encarecimiento de las multas de 2005 fue ilegal. Los salvavidas del Gobierno central permiten sin embargo sobrevivir económicamente al Ayuntamiento, que acomete recortes sociales.

Marzo. Botella ficha a Natalio Grueso, exdirector del Niemeyer, para la programación cultural de Madrid; Mario Gas abandona el Teatro Español. La contaminación sigue desbocada, y el Gobierno municipal pide una moratoria a la Unión Europea para cumplir los límites legales. El Ayuntamiento se enfrenta a la Comunidad por la privatización del Canal de Isabel II, que motiva incluso una consulta popular. Se producen derribos en el poblado chabolista de El Gallinero, que queda excluido del plan para la Cañada Real.

La recesión noquea las cuentas municipales. Madrid aprueba recortar gastos y subir impuestos para ajustar sus cuentas. Botella congela al menos dos años las peatonalizaciones previstas, empieza a privatizar polideportivos municipales, y rebaja un 60% el presupuesto de los festejos de barrio. La justicia paraliza el acuerdo del Real Madrid y el Ayuntamiento sobre el estadio Santiago Bernabéu. Arrecian los enfrentamientos en Lavapies entre vecinos y policía. Se prohíbe abrir más bares en el centro de la ciudad. La NASA capta la contaminación lumínica.

Abril. Cataluña y Madrid se disputan Eurovegas, y la capital toma ventaja por las barreras urbanísticas en Barcelona. El Ayuntamiento contabiliza a medio millar de ‘sin techo’ durmiendo en las calles. El Tribunal Supremo anula la tasa de vados. La ciudad avanza a pedales hacia una normativa para la circulación de bicicletas. Botella cumple cien días al frente del Ayuntamiento, que contrata a dedo como asesora a una hermana de Aguirre.

Madrid estudia crear nuevos aparcamientos de residentes y convertir plazas azules en parkings disuasorios. El Tribunal Supremo ratifica la prohibición de los coches-anuncio. La alcaldesa decide usar el transporte público en algunos de sus desplazamientos de trabajo. El Ayuntamiento diseña un parque en la azotea del nuevo polideportivo y el centro comercial de La Cebada, y da luz verde a convertir la Casa de la Carnicería en un hotel de lujo. Prepara además su mayor operación de venta de inmuebles municipales. Botella entrega la medalla de honor de la ciudad a Gallardón.

Mayo. El Ayuntamiento revisa el anterior plan urbanístico y admite el error de 15 años de crecimiento basado solo en el ladrillo. Madrid 2020 pasa el primer corte en cabeza, seguida de Estambul y Tokio. Sin embargo, el Comité Olímpico Internacional duda de que España pueda invertir 1.900 millones en los Juegos. Botella recorta el presupuesto para las actividades deportivas municipales sin tocar los fondos de la candidatura. No son los únicos ajustes, que afectan incluso a la lucha contra el desempleo y a los servicios sociales. Los recortes paralizan además la apertura de un teatro y un museo y terminan con la Noche en Blanco. Se aplaza la rehabilitación de la calle Atocha por falta de dinero. Los recortes llegan incluso a los médicos de los polideportivos. Y no se descartan más. Prosiguen entre tanto las protestas de los empleados municipales por los recortes, bautizadas ya como marea negra
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La alcaldesa rechaza las propuestas de la oposición para combatir la contaminación. La Defensora del Pueblo señala al Ayuntamiento por el mal olor del PAU de Vallecas, y este responde que las emisiones han bajado un 80%. Desmantela además un huerto urbano de vecinos pese a no tener planes para ese solar. Los padres de alumnos del colegio de San Ildefonso protestan por la mudanza forzada por el mal estado de conservación del centro, que terminará por paralizarse.

Junio. Botella realiza una desastrosa intervención en el debate sobre el estado de la ciudad, lastrada por la inexperiencia y el legado de Gallardón. En materia social, promete 200 viviendas a familias desahuciadas, y muestra su oposición a multar a las prostitutas. Anuncia que el Ayuntamiento dejará de ofrecer electricidad gratis a los coches ecológicos a partir de 2013 y que estudia aprobar tasas para modelar el paisaje urbano. La Fiscalía se querella por las obras sin licencia del Hipódromo de la Zarzuela, prosiguen las protestas de los quiosqueros de El Retiro, y los vecinos salen a la calle contra el nuevo crematorio de Carabanchel. La retirada del cartel de Tío Pepe en la puerta del Sol provoca un gran revuelo ciudadano. El Ayuntamiento pide además cuentas al Athletic de Bilbao y al FC Barcelona por los destrozos en la Copa del Rey.

Botella y Aguirre limitan la primera fase del proceso de eliminación de duplicidades a centros de mayores y de drogadictos. El Ayuntamiento anuncia que relajará la protección de edificios antiguos para permitir su rehabilitación, para dinamizar la ciudad. Además, pone a la venta más bloques para hacer caja. Se presenta un reglamento de uso de los polideportivos que impone multas de 750 euros por comer un bocata o poner música en la piscina, y se aprueba la celebración de bodas los sábados en recintos municipales. Botella plantea que el camión de la basura deje de pasar los domingos, aunque finalmente no podrá llevar a cabo sus planes.

Julio. Se celebra el Orgullo Gay, y el Ayuntamiento lo multa por exceso de ruido. Botella anuncia los primeros despidos, pese a que los funcionarios municipales trabajarán más horas y cobrarán menos; es increpada en la calle por ello. Alemania retira una placa nazi defendida por el Ayuntamiento. Suben los parquímetros.

La justicia levanta la paralización del acuerdo sobre el Santiago Bernabéu, y el Ayuntamiento aprueba la remodelación del estadio. Se secan la mayor parte de las fuentes ornamentales para ahorrar. Se presenta la nueva ordenanza del taxi, que prevé una tarifa fija para desplazamientos al aeropuerto; y el reglamento para los polideportivos, que plantea reducir su horario de apertura. Botella evita imponerse una reducción de muertos por atropellos.

El nuevo plan general urbanístico plantea convertir para 2030 Madrid en una ciudad de bulevares. Las algas tiñen de verde el río Manzanares. Las protestas por el crematorio de Carabanchel llegan a los juzgados. Un juez censura la “desproporcionada” actuación contra El Gallinero, y la Comunidad promete para septiembre un plan urbanístico y social de la Cañada Real, promesa que ha incumplido hasta la fecha.

La Unión Europea pone bajo vigilancia la boina de contaminación sobre la capital. A Madrid no le salen las cuentas olímpicas, y paga las facturas con años de retraso.

Agosto. La crisis dispara las diferencias entre distritos en desempleo y desahucios. Madrid 2020 se aprieta el cinturón. El café Gijón salva su terraza, y con ella su futuro. La Policía Municipal impone 2.345 multas en el primer mes contra el botellón. Los bomberos abuchean a Botella en las fiestas de la Paloma. El Ayuntamiento asegura que ha ofrecido vivienda a una niña de 6 años que Amnistía Internacional denuncia que duerme en la calle en un poblado chabolista. La Defensora del Pueblo pide información al respecto.

Septiembre. Sheldon Adelson elige a Madrid frente a Barcelona para instalar Eurovegas, una inversión que aún se disputan Alcorcón, la capital y Paracuellos-Torrejón; y que cuestiona el futuro de Ifema. Botella prepara una norma para regular la prostitución y la mendicidad en la calle, que también afectará a acampadas, ‘gorrillas’ y ‘lateros’. Madrid 2020 sigue remando a contracorriente. Surgen nuevas sombras de corrupción en el área de Las Artes.

El paro crece en la capital más rápido que en la región y en el resto del país. Botella intensifica un 27% su recorte en servicios municipales, rebaja hasta un 39% el precio de seis edificios al no encontrar comprador, y triplica el precio de las 13 escuelas municipales de música y danza. De esos seis edificios, sólo logrará vender uno.

La justicia permite a las discotecas colocar terrazas en la calle. Una pelea multitudinaria revienta el festival musical de la MTV y pone en cuestión la actuación de la Policía Municipal. El Ayuntamiento acaba por reconocer sus errores. Botella insinúa que el Gobierno autoriza demasiadas manifestaciones y pide que saque las protestas del centro. Asociaciones, arquitectos y religiosos presentan un proyecto para El Gallinero para cubrir el vacío municipal.

Octubre. El Ayuntamiento liquida la construcción de vivienda protegida en Madrid. El Tribunal Supremo tumba los desarrollos urbanísticos de la capital. Adelson visita la capital, anuncia que ya tiene el dinero para Eurovegas y se reúne con Mariano Rajoy en La Moncloa.

El Ayuntamiento aboga por permitir música en los bares y restaurantes. Además, se plantea poner una terraza en Sol, aunque no árboles, y también en Callao y bajo las cuatro Torres. Además, se plantea un último intento de salvar el faro de Moncloa. Madrid 2020 sigue perdiendo apoyo ciudadano. Una decena de ediles del PP se ausenta de la votación para dar una calle a Carrillo.

Botella mantiene la subida de impuestos pese a recibir más dinero del previsto. El Club de Campo olvida
sin embargo pagar el IBI. La nueva ordenanza del taxi incluye la prohibición de llevar chándal o sandalias, la obligación de tener la ESO, y una cláusula discriminatoria contra los enfermos de sida. Dos trabajadores mueren en el incendio de una instalación eléctrica de la M-30, que destapa graves fallos de seguridad.
Noviembre. Cinco chicas de 17 a 20 años mueren aplastadas en la fiesta de Halloween del pabellón municipal Madrid Arena. El organizador, Miguel Ángel Flores, es imputado por el juez, que sospecha que duplicó el aforo de 10.600 personas. La alcaldesa, Ana Botella (PP), aprueba con muchas cortapisas una comisión de investigación en la que la oposición denuncia fallos de seguridad. El Ayuntamiento lo niega, pero impulsa cambios normativos y operativos. El concejal Pedro Calvo dimite tras ser imputado como responsable de alquilar el pabellón. Botella y el nuevo presidente regional, Ignacio González, se enfrentan por el Madrid Arena y el plan de privatización de la sanidad pública. El incremento de la seguridad pone en peligro la celebración del rastrillo Nuevo Futuro.

El Gobierno municipal presenta sus presupuestos para 2013, que recortan al máximo el gasto en servicios y suben los impuestos. Estos ajustes dejan al Ayuntamiento funcionando al ralentí. Botella desaloja a 120 familias para vender sus pisos a una empresa y hacer caja. Huelga de tres días de la recogida de basuras. Las protestas por el despido de empleados públicos afectan a la programación cultural del Ayuntamiento e incluso se suman a ella espectadores.

Diciembre. La sacudida del Madrid Arena alcanza a eventos en más recintos municipales y a las macrofiestas navideñas. El Ayuntamiento adelanta o veta las cabalgatas de distrito por falta de Policía Municipal. Botella no logra sacar adelante su nuevo contrato de basuras, que preveía dejar de recoger los residuos en domingos y festivos. Sigue adelante el plan para vender los edificios con inquilinos de alquiler social.

Fuente: Elpais.com

En Patones desaparecio toda la documentación oficial del Ayuntamiento

Patones es un pueblo de 500 habitantes ubicado al noreste de la capital, muy cerca del embalse del Atazar. La pizarra de sus casas da nombre a la arquitectura negra de Patones de Arriba, una minúscula localidad turística. Uno de esos edificios es la sede del Ayuntamiento que encabeza Heladio Hernanz Gil (Partido Popular). La única trabajadora municipal con rango de funcionaria es la secretaria general, María Victoria Pérez Serna, que también desempeña las labores de interventora. Ella fue quien denunció el pasado 18 de diciembre en el cuartel de la Guardia Civil de Torrelaguna la desaparición de toda la documentación oficial del Ayuntamiento.
“El 17 de diciembre volvió a su despacho y pudo observar que un cajón estaba descerrajado y que en los armarios no estaba la documentación que tenía guardada”, explica la denuncia, a la que ha tenido acceso este diario. “También había documentación de otros Ayuntamientos”, añade. En relación con Patones, los documentos que faltan pertenecen a expedientes relativos a “la contabilidad, los plenos, juntas de gobierno, oficios, licencias de obras y préstamos, entre otros”.
El agente que redactó la denuncia le preguntó quienes disponen de llave de su despacho. “El Ayuntamiento, pero del cajón solo yo”, respondió. Es por ello que quién se llevó los documentos tuvo que romper la cerradura. Sobre la posible autoría de lo que inicialmente parece una sustracción, la funcionaria dice no sospechar de nadie.
Pero el mismo día del presunto robo, Pérez Serna presentó ante el registro municipal un informe sobre lo acaecido en el que iba más allá: “Todas las carpetas existentes en el despacho de contratación, contabilidad, presupuestos anuales, Cámara de Cuentas, Delegación de Hacienda y operaciones de préstamos han sido archivadas sin haberse comunicado a esta secretaria si le eran necesarias para su trabajo”.
Según este documento, la funcionaria también echó de menos una serie de documentos que se encontraban encima de su mesa y que tenían que ser concluidos, “o seguir con su tramitación”, a la vuelta de las vacaciones. “Los cajones han sido descerrajados y todos los informes han desaparecido y nadie sabe decirle dónde se encuentran”, añade en su informe.
En este sentido, María Victoria Pérez Serna, se lamenta de “la falta de consideración y respeto”, puesto que “la única explicación dada es que el despacho estaba muy desordenado”.
La secretaria general también se lamenta de la imposibilidad de acceder a la documentación, “no sabiendo si está archivada o destruida”. “Y teniendo pruebas de todo ello, lo comunica a fin de que se ponga a su disposición todo lo necesario para su trabajo sin tener que acudir a cada momento a preguntar dónde se encuentra”, concluye.
El pasado 26 de diciembre, la funcionaria comunicó al alcalde que la desaparición de los documentos había tenido sus primeras consecuencias negativas: no se pudo aprobar el presupuesto para 2013, y tampoco se pudo informar sobre la expropiación del cementerio municipal, expediente que debe ser remitido a la Comunidad. La funcionaria tampoco ha podido contestar a otros organismos públicos, como la Cámara de Cuentas autonómica y la Delegación de Hacienda. Y se ha visto obligada a informar de forma negativa al aumento del sueldo de los empleados municipales: “Vista la orden de transferencia, se comprueba una subida en las nóminas sin ningún tipo de procedimiento para ello”. A juicio de la secretaria general, y ante la inexistencia de la documentación, “el Consistorio omitió todos los trámites legales”, por lo que suspende la decisión hasta que se solvente el problema.
Para los socialistas madrileños, la desaparición de los documentos “es un hecho inadmisible en democracia que recuerda a los tiempos de los caciques”. El PSM “exigirá una explicación de los hechos que parecen ser presuntamente delictivos”, indica José Luis García, secretario de Apoyo a Pequeños Municipios. Este periódico no ha podido recabar la versión del alcalde, que acude sólo un día por semana al Ayuntamiento.

Fuente: Elpais.com

En libertad sin cargos el detenido tras hallarse muerta a su pareja

La Policía Nacional ha dejado en libertad al hombre de 46 años detenido ayer como sospechoso de haber matado a su pareja en el piso que ambos compartían en el distrito de Usera, en el sur de la capital. La autopsia, practicada esta mañana, ha revelado que la mujer, de 38 años, no murió de forma violenta. No había denuncias por malos tratos y, en un principio, el presunto asesino fue conducido a comisaría como testigo del suceso. Una vez allí, varias incongruencias en su declaración hicieron sospechar a los agentes, que le arrestaron como supuesto autor del crimen.
Según ha informado una portavoz del SUMMA Comunidad de Madrid, sobre las nueve de la mañana de ayer una persona alertó al teléfono de emergencias 112 de que una mujer estaba muerta en el piso 4º A del número 15 de la calle Marina Usera de la capital. A su llegada, los servicios sanitarios hallaron, tumbada en una cama, a la mujer fallecida. Los sanitarios se limitaron a confirmar el fallecimiento. Se trata de Ximena Alexandra Tuarquiza Cabezas, de 38 años y origen ecuatoriano. El cadáver, no presenta "aparentemente signos exteriores de violencia", según el SUMMA.
Fuentes de la investigación han precisado que no tiene "ni impactos de bala ni cuchilladas", aunque sí un golpe no mortal en la cara y algún arañazo. Hoy se le ha practicado la autopsia para determinar las causas de la muerte. Aunque no se conocen más detalles, fuentes de la Jefatura han informado de que el informe concluye que no fue violenta. Al lugar acudieron también el Grupo V de Homicidios, Policía científica, la comisión judicial y trabajadores del Anatómico Forense para proceder al levantamiento del cadáver.
La víctima vivía con su pareja, Luis Antonio Q. G., de 46 años y origen ecuatoriano, y con otros dos hombres. Los tres fueron trasladados a comisaría como testigos. Fuentes policiales han detallado que el arrestado explicó a los agentes que había estado bebiendo con la víctima hasta altas horas de la madrugada y que luego habían ido a dormir juntos, pero no recordaba lo que había ocurrido luego.
La pareja de la víctima, según las mismas fuentes, incurrió en varias incongruencias, por lo que finalmente fue detenido acusado de un delito de homicidio. Había restos de sangre en la pared, añaden las mismas fuentes. Luis Antonio Q.G. no tiene antecedentes policiales ni tampoco ninguna orden de alejamiento con respecto a la víctima, ya que no constan denuncias por malos tratos, según la Jefatura. Sobre la una de la tarde, ha quedado en libertad sin cargos tras conocerse el resultado de la autopsia. Todo apunta a que la mujer murió por causas naturales.

Fuente: Elpais.com

Sube el agua y el IBI y los españoles pagan por las recetas y por casarse

El nuevo año llega cargado de malas noticias para el bolsillo en forma de subida de impuestos y de creación de nuevas tasas, entre ellas el polémico euro por receta. Las subidas de precios en productos y servicios básicos, como la luz o los transportes superan, en la mayoría de los casos, a la revalorización de pensiones y salarios.

Agua. El recibo del Canal de Isabel II sube en 0,75 euros al mes para un cliente doméstico con un consumo de 25 metros cúbicos al bimestre, lo que supone un incremento del 4,2% respecto al año anterior. Según el Gobierno regional, el IPC aplicado ha sido el de octubre, que alcanzó el 3,5%. El resto de la subida proviene de un cambio normativo que exige la instalación de aliviaderos en la red de alcantarillado que permitan limitar la contaminación de los ríos ante desbordamientos de dicha red.

Euro por receta. Es la principal subida, ya que afecta a todos los ciudadanos, incluidos los pensionistas. El pasado 31 de octubre, en la presentación de los Presupuestos de 2013, Ignacio González anunció que Madrid iba a seguir los pasos de Cataluña, la primera y única autonomía que hasta el momento había implantado copago farmacéutico. El Gobierno central acaba de recurrir al Tribunal Constitucional la tasa catalana, que se aplica desde hace seis meses. A pesar del recurso, González ha seguido adelante con sus planes y a partir de hoy las farmacias están obligadas a cobrar el euro sin tener listo el sistema informático que detectará el límite de aportación por paciente, fijado en 72 euros al año. La aplicación no llegará hasta febrero. Solo están exentos los medicamentos que valgan menos de 1,67 euros.

El Gobierno madrileño sostiene que "no tiene un afán recaudatorio” —según sus cálculos “solo” se obtendrían 83 millones— sino que es una medida de "racionalización" porque los madrileños tienen "más de 45 millones de medicamentos en casa". Las excepciones son los perceptores de pensiones no contributivas o de rentas de integración social; los afectados por el síndrome tóxico; personas con discapacidad, parados que han agotado el derecho a subsidio y los tratamientos derivados de accidentes de trabajo o enfermedad profesional.

Luz, gas y butano. La factura eléctrica de los hogares y pymes acogidos a la tarifa regulada (denominadas TUR), unos 17 millones en toda España, se encarece sensiblemente, en torno al 3% de media. Por el contrario, el Gobierno ha decidido congelar el gas natural, en tanto que la bombona de butano, que aún se utiliza en ocho millones de viviendas, se mantiene en 16,1 euros.

Peajes. Los peajes de las autopistas de pago dependientes del Estado se incrementan de media un 2,4%, mientras que en las que dependen de las comunidades es de casi un punto más, el 3,3%, según las concesionarias. Finalmente, el Gobierno madrileño descartó implantar este año peajes en las vías de su competencia. Calculaban que iban a recaudar 30 millones en 2013 por el cobro del uso de carreteras como la M-501 para hacer frente a los 65 millones que cuesta su conservación.

Trasporte público. Las tarifas de Metro, autobuses interurbanos y la Empresa Municipal de Transportes se mantienen en el mes de enero en los niveles que al cierre de 2012 tras haber sufrido el pasado abril su mayor incremento en 10 años. Los madrileños tendrán que pagar un 3% más de media cuando usen el Cercanías o un trayecto de media distancia, en tanto que el AVE recortará sus precios, aunque no se ha detallado en qué cuantía. Las tasas aeroportuarias se incrementarán en Barajas y los otros 46 aeropuertos españoles una media del 6,3%, lo que supone un recargo por billete de 0,85 euros.

Correos. Elevará sus tarifas una media del 2,95%. Enviar una carta ordinaria de hasta 20 gramos dentro de España, el servicio más demandado, costará 0,37 céntimos, el 2,78% más.

Teléfono. Telefónica podrá subir la cuota de abono —fijada desde 2008 en 13,97 euros— en un máximo del IPC de 2012, después de que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones haya liberalizado este servicio.

Solo en la capital. Los más de tres millones de personas que viven en la capital se enfrentan al pago de un 6,9% más de IBI para sus viendas, garajes y locales y a un 2,47% más por aparcar en zona azul, mientras que casarse por lo civil los sábados costará 120 euros tras la creación de una nueva tasa. Hasta ayer, los ciudadanos podían contraer matrimonio civil gratis en los 21 distritos de la ciudad solo de lunes a viernes. Cada mes se celebran 150 enlaces.

Las (pocas) buenas noticias.Frente a estas subidas de precios, tasas e impuestos, las pensiones de menos de 1.000 euros se revalorizan un 2% y el resto el 1%, mientras que los funcionarios verán congelados sus salarios. El salario mínimo interprofesional  se eleva un 0,6% y se situará en 645,3 euros al mes, frente a los 641,4 euros en los que quedó fijado para 2012. En 2013 la subida salarial media es del 0,6%.

Otra alegría para el bolsillo son las rebajas de invierno, en la que los madrileños serán los españoles que más gasten, una media de 95 euros, según una encuesta realizada por la Federación de Usuarios-Consumidores Independientes, que revela que cada español destinará una media de 80 euros, un 11,1% menos que el año anterior.

Fuente: Elpais.com

Colegio privado de Granada cobra 190 euros a los aspirantes a un trabajo

El centro educativo privado María Nebrera, en Granada, estableció como condición para poder participar en un proceso de selección de personal para cubrir diferentes puestos de docentes el pago por cada aspirante de 190 euros, mediante este impreso. Ahora, la Junta de Andalucía ha anunciado que ha abierto un expediente informativo para dilucidar la legalidad de estas actuaciones.

La delegación granadina de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía ha explicado en un comunicado que estudiará la legalidad de los términos del anuncio d

"Siendo verdad que una empresa puede encargar el proceso de selección a quien considere oportuno, no es menos cierto que la empresa no puede establecer criterios económicos discriminatorios para el acceso", ha apuntado el delegado granadino de Empleo, José Antonio Aparicio.

El delegado ha ordenado la apertura del expediente informativo para esclarecer la legalidad de las actuaciones, tanto por la empresa privada de la empresa promotora del colegio como de la entidad seleccionadora.

El delegado provincial se ha comprometido a actuar tal y como marquen los resultados de la investigación, incluyendo si es necesaria una actuación judicial si se dedujeran indicios delictivos.

El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y la asociación de consumidores Facua denunciaron ante la Inspección de Trabajo y la secretaría general de Consumo de la Junta el proceso de selección de personal abierto por el colegio privado María Nebrera Ruiz.

Con este proceso de selección, el centro pretende cubrir 90 puestos de maestros de Educación Infantil y Primaria; profesores de Secundaria, Bachillerato, ciclos de Formación Profesional Grado Medio y Grado Superior, así como los del gabinete psicopedagógico, servicios administrativos y demás personal de mantenimiento y gestión de este complejo formativo de titularidad privada.

Con independencia de este expediente, Aparicio ha calificado de "inusitado" que la empresa inicie la selección de su personal sin haber puesto un solo ladrillo en el centro de trabajo, y que se imponga a los participantes el abono de una cantidad "discriminatoria y abusiva".

Fuente: http://www.huffingtonpost.com

300 políticos están imputados en casos de corrupción

Más de 300 políticos españoles están imputados en presuntos casos de corrupción que se despliegan por todo el territorio y que afectan sobre todo a las comunidades del arco mediterráneo, con Baleares y la Comunidad Valenciana a la cabeza seguidas de cerca por otras regiones como Cataluña o Galicia. Además, están en marcha investigaciones sobre la gestión de distintas entidades financieras como Bankia o la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), de cuyos consejos de administración formaban parte diversos políticos.

Los casos de corrupción afectan a todos los niveles de la administración y las investigaciones en marcha salpican tanto a quienes han sido miembros del Gobierno, como a dirigentes autonómicos y numerosos alcaldes y responsables municipales.

Alguno de los casos más llamativos de corrupción descubiertos en el seno de una comunidad autónoma son los abiertos en Baleares y que suman casi un centenar de imputados entre cargos y ex altos cargos públicos. La mayoría tuvieron lugar durante la última legislatura del expresidente Jaume Matas, imputado por alrededor de una docena de casos relacionados con la corrupción y la financiación irregular del PP balear durante su mandato.

Entre las operaciones en marcha en las Islas Baleares destacan casos como el que investiga las actividades presuntamente irregulares cometidas a través del Instituto Noós, que presidía Iñaki Urdangarin, o el caso Over Marketing, en el que está implicado el conservador Pere Rotger, que recientemente dimitió de su cargo como presidente del Parlamento autonómico aunque mantiene el escaño.

También en el ámbito autonómico son numerosos los casos abiertos en la Comunidad Valenciana. De hecho, en las Cortes autonómicas hay nueve diputados del PP con imputación formal por casos relacionados con delitos de corrupción, mientras que Pedro Hernández renunció a su escaño el pasado día 4 tras ser condenado a tres años de prisión por su gestión al frente del ayuntamiento de Torrevieja.

Hace pocas semanas dimitió también en la Comunidad Valenciana José Manuel Vela como conseller de Hacienda por la presunta filtración de un documento que había pedido el juzgado. Diversos ex altos cargos de la administración de Francisco Camps están implicados también en los numerosos casos abiertos en la comunidad, entre los que destacan investigaciones tan importantes como la operación Gürtel o el caso Noós.

Otro de los procesos con más repercusión pública durante los últimos meses es el de los ERE fraudulentos de Andalucía, en el que hay imputadas cerca de 70 personas entre ellas el exconsejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández, el exviceconsejero Agustín Barberá, los exdirectores generales de Trabajo y Seguridad Social, un exparlamentario socialista o el exdelegado provincial de Empleo.

LA MAYORÍA, MUNICIPALES

Sin embargo, la mayoría de los casos de corrupción abiertos en España se despliegan por sus más de 8.000 municipios, en los que hay casi medio centenar de exalcaldes y una treintena de alcaldes en el poder que están siendo investigados judicialmente. Algunos de estos mandatarios envueltos en casos judiciales son alcaldes de ciudades tan importantes como Murcia, Alicante, Lugo, Valladolid o Sabadell. A estos se suman varias decenas de concejales también implicados en estos escándalos locales.

La mayoría de los regidores municipales están imputados por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude o tráfico de influencias, casi todos por causas relacionadas con el urbanismo y la adjudicación de obras públicas.

Fuente: http://www.huffingtonpost.com