2 dic 2012
Sanidad rechaza a una paciente de cáncer marroquí por no tener tarjeta
Alicante, Después de diez años viviendo en España, Hanane B., de 29 años y nacionalidad marroquí, ha visto cómo la Sanidad española le ha de lado cuando más la necesita. Hace cinco años le diagnosticaron un cáncer de mama, que a día de hoy presenta metástasis óseas, y que requiere un tratamiento periódico de quimioterapia. Cuál fue su desagradable sorpresa cuando el miércoles acudió al Hospital Provincial de Castelló para recibir su tratamiento, como cada 21 días, y se encontró con una negativa como respuesta al tener el permiso de residencia caducado. Además, cuando solicitó que le recetaran parches para el dolor, la médico le informó de que no podía «pautar más medicación hasta que no solucione con la Seguridad Social su condición de asegurado».
«Tiene el cáncer muy avanzado y le niegan la quimioterapia. Van a dejarla que muera así. No tienen sentimientos», se lamenta Mustafá, marido de Hanane. Ambos residen actualmente en Valencia, aunque el tratamiento se inició en Castelló en 2008, ya que por entonces vivían en Burriana. Durante varios años, Hanane dispuso de tarjeta sanitaria pero se la retiraron hace tres meses al estar en trámites para renovar su permiso de residencia, que caducó en diciembre de 2011.
El pasado miércoles Hanane acudió al Hospital Provincial de Castelló como cada 21 días para someterse al tratamiento paliativo de quimioterapia. El primer problema que se encontró es que no estaba su médico habitual, quien posiblemente no le hubiera solicitado su tarjeta sanitaria. No obstante, la doctora que la atendió le manifestó que figura como no asegurada y que el Abucasis, sistema para la gestión sanitaria, «le impide recetar más medicación hasta que no solucione con la Seguridad Social su condición de asegurado», según consta en el informe médico de Oncología del citado centro hospitalario, al que ha tenido acceso este periódico.
80 euros cada caja
«Le pedí parches de morfina para el dolor porque ya no me quedan y cada caja vale 80 euros (con sólo cinco unidades). Pero me pidieron la tarjeta sanitaria», explica la paciente. Ni ella, con un 75% de discapacidad, ni su marido trabajan, por lo que 80 euros por caja supone un mundo para ellos.
Al explicarle que no llevaba la tarjeta sanitaria encima porque se la habían retirado, la médico comprobó en el ordenador que Hanane ya no figura como asegurada. «Me dijo que tenía que pagar el tratamiento de estos últimos meses y que hasta que no lo pagara no me podían atender, que me fuera a mi casa», se lamenta la mujer.
Asimismo, la responsable de Oncología se puso en contacto con los servicios de facturación del hospital, quienes le confirmaron que la paciente tiene el expediente en trámite desde el pasado 29 de septiembre y que actualmente «sólo tiene derecho a asistencia gratuita en urgencias». Del mismo modo, la doctora le entregó un documento a la mujer en el que se le indica que «todo lo que la paciente se haga de forma programada le será facturado», lo que incluye los tratamientos de quimioterapia.
La única solución que le dio la médico del Hospital de Castelló es que se ponga en contacto con la trabajadora social para solucionar el problema, y la remitió al servicios de urgencias «para ser valorada por la necesidad de controlar el dolor con Dorogestic». Así deja una puerta abierta a la esperanza al citarla para dentro de una semana «para realizar una valoración clínica y evaluar las recomendaciones dadas por la asistente social sobre su cobertura sanitaria».
Mientras tanto Hanane tiene que aguantar el dolor de su enfermedad en silencio. «Ayer no podía dormir, no podía cerrar los ojos de tanto dolor», llora al recordar su sufrimiento. «Otra enferma me ha dejado un parche pero su efecto sólo dura tres días». Hanane confia en solucionar pronto su situación, antes de que sea demasiado tarde.
Fuente: diarioinformacion
31 oct 2012
Sanidad recorta el gasto de medicamentos en 343 millones
Las consejerías de Sanidad y Educación son, con diferencia, las de mayor gasto de la Generalitat. Sin embargo, el recorte también les alcanza y lo hace de pleno. Sanidad pasa de los 5.492 millones de este año a los 4.964 de 2013, aunque en términos porcentuales represente el 9,6%. Educación, que ve su previsión de gasto reducida en el mismo porcentaje, pasa de los 4.533 millones de 2012 a 4.099 millones el año que viene.
El departamento que dirige Luis Rosado aplica el grueso del recortes sobre el gasto farmacéutico. De los 1.169 millones consignados este año pasa a realizar una previsión de 826 millones en 2013, lo que representa un recorte de 343 millones. Y dado que la población sigue envejeciendo, la explicación está en los efectos del medicamentazo, que ha excluido toda una serie de fármacos de la lista que subvenciona el Sistema Nacional de Salud y en el incremento del porcentaje que pagan los ciudadanos.
La cantidad que falta para cuadrar las cuentas de la Consejería de Sanidad se obtiene del desplome de las inversiones, que caen casi un 68%, y de repartir el ajuste de manera más o menos proporcional entre el resto de programas, incluidos los de salud mental y drogodependencias.
Sorprende el aumento de los gastos de funcionamiento, que crecen un 4,6% en la Consejería de Sanidad respecto a este año. Un capítulo que pasa de los 1.740 millones a los 1.819. Es el crecimiento más alto de gastos de funcionamiento de todas las consejerías. Y ello a pesar de que Rosado ha intentado paliar el fracasado intento de privatizar toda la gestión no asistencial en Sanidad con la privatización de la logística y la contratación de consultoras que aporten nuevas fórmulas de ahorro.
La Consejería de Educación y Empleo también aplica un severo ajuste a sus cuentas. En este caso, la peor parte se la llevan las inversiones, que se reducen en un 70%. De los 95 millones consignados este año se pasará a los 28 del año próximo mientras se intenta facilitar la entrada del sector privado en las zonas urbanas con la cesión de suelo y la aprobación de nuevos conciertos.
El otro capítulo perjudicado por los recortes es el de personal, que baja más que en cualquier otro departamento. La partida se reduce en un 7,4%, mientras que para el conjunto de la Generalitat la reducción es del 6,6%.
El titular de Hacienda, José Manuel Vela, explicó ayer que el recorte de la masa salarial en la Administración valenciana supone un total de 342 millones, que proceden del recorte de sueldos aplicado a los funcionarios este año y que se mantendrá el año que viene. Un ejercicio en el que se mantendrá también congelada la oferta pública de empleo y se seguirá reduciendo el sector público.